Incremento de hectáreas se debe a presiones cocaleras

El incremento de cultivos de coca no se justifica y más bien responde a presiones políticas, de parte de sus aliados, debido a que no hay un plan de investigación ni de industrialización.

Las apreciaciones corresponden a los analistas políticos Ilya Fortún y Roger Cortez, quienes por separado, opinaron sobre la determinación de aumentar la superficie de cultivos de coca, en los Yungas y en el Chapare.

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, el domingo explicaba sobre el destino que tienen los cultivos, en el canal estatal, y en la entrevista señalaba que “se necesitan 24 mil toneladas métricas para consumir y eso se produce en 18 mil hectáreas”.

También agregó que con 22 mil hectáreas se producirá 30 mil toneladas y de esta cifra 25 mil toneladas para acullicar eso mediante estudio, y unas 6 mil toneladas serán utilizadas para la industrialización.

Apuntó que “para acullicar solamente necesitamos 18.000 hectáreas, entonces nosotros de aquí en adelante tenemos que apuntar a la industrialización, se ha hecho muy poco, pero hay muchos productos que se pueden elaborar en base a la hoja de coca como analgésicos, energizantes, entre otros”, según ABI.

ANALISTAS

Según los analistas consultados por EL DIARIO, el incremento de la superficie de cultivos de la hoja de coca, con la actual ley, no se justifica, sino que es una respuesta a las demandas de su “socio más cercano”, los cocaleros.

Para el analista Ilya Fortún, el incremento de las hectáreas, a 22 mil, en la actual Ley General de la Coca, sólo responde a presiones de los movimientos cocaleros, sus aliados; tanto de los Yungas como del Chapare.

“El Gobierno tiene que ceder posiciones ante sus socios más cercanos para evitar su derrumbe final. Ésta es una clarísima prueba que la relación del Presidente con los cocaleros, tanto de los Yungas como del Chapare, está subordinada a fuertes intereses”, comentó Fortún.

A su vez, el analista Roger Cortez coincide con Fortún, al indicar que las justificaciones que se dieron desde el oficialismo para el incremento de hectáreas, no son suficientes y que la prioridad del Gobierno es mantener buenas relaciones con sus bases más cercanas.

“Todas las justificaciones que está dando el Gobierno para elevar la superficie de plantaciones acrecen de cualquier fase, que no sea el deseo de tranquilizar y amansar el sentimiento, creciente, de satisfacción en toda la población, en este caso en el de sus bases más próximas: los cocaleros”, reflexionó.

Según el entrevistado, la llamada industrialización de la hoja de coca no avanzó un milímetro después de una década y el Gobierno no ha desarrollado ni está en sus planes iniciar siquiera las investigaciones científicas y técnicas que se requieren para convertir esta promesa en realidad.

Fortún, por su parte, coincide que el Gobierno no tiene ningún respaldo responsable que acredite dicho aumento de superficie, y que “no hay ningún tipo de consideración científica ni legal que justifique este incremento”.

RELACIONES INTERNACIONALES

Para el analista Fortún, la imagen del país en el exterior se irá deteriorando, pero sobre todo la imagen del presidente Evo Morales se verá afectada, debido a la decisión gubernamental de aumentar los cultivos de coca.

“Después de haber hecho muchos esfuerzos, durante muchos años, de sacarse de encima el estigma de ser un presidente cocalero, que había sido estigmatizado y asociado con el narcotráfico”, la comunidad internacional lo verá (ahora), como “un Presidente que no ha podido manejar la dicotomía entre ser Presidente del Estado y ser presidente de las Federaciones Cocaleras del Chapare”, opina Fortún.

Si bien, el analista Cortez considera que el implemento de la ley no tendrá repercusiones inmediatas con el resto del Mundo, plantea que se irá generando un deterioro paulatino de la imagen del Presidente, que mantiene en el exterior, donde cuenta con más prestigio que en el país.

ARGENTINA Y BRASIL

Sin embargo, de todos los países que pudiesen reaccionar de manera inmediata, son Argentina y Brasil con los que se podría generar mayor resentimiento.

“El caso brasileño sería muy serio para toda la política que tiene el Gobierno, porque está intentando, por todos los medios, de lograr acuerdos en tres áreas”, señaló.

TÉRMINOS

Primero, en cuanto a la inmediata negociación para el año 2019 de los términos de compra y venta de gas con este país. Segundo, el enorme esfuerzo de Bolivia para convencer a Brasil que reformule su definición inicial del trazo del tren biooceánico, que actualmente, está programado para ir del Brasil al Perú, “en principio por voluntad del Brasil sin pasar por territorio boliviano”; y por último, el intento de parte del Gobierno, que Brasil se manifieste respecto al tema de la represa del Chepete.

Por ello, para Cortez “es demencial desde el punto de vista económico, ambiental y social”, si Brasil reacciona de manera inmediata, sobre el incremento de cultivos de coca, y de acuerdo con el analista “esto lo pondría entre la espada y la pared” al gobierno.