Desde hace varios años se puede observar en El Prado de La Paz, casi en las puertas del Ministerio de Justicia de Bolivia, a un grupo de personas que acampó reclamando lo que se puede entender como una retribución económica por daños y perjuicios.
Resulta que estas personas, especialmente en las épocas de las dictaduras militares y otras (inclusive democracias), fueron perseguidas principalmente por cuestiones políticas, muchas fueron asesinadas e inclusive sus cuerpos desaparecidos.
Pero al parecer equivocaron los pasos en sus reclamos, pues el Estado de Bolivia, a cargo de los gobiernos de turno, los persiguió, posteriormente los encarceló, torturó, en algunos casos los asesinó e inclusive muchos cuerpos fueron desaparecidos. Actualmente ese mismo Estado viene encubriendo y obstaculizando la “desclasificación” de los documentos respectivos de estos hechos criminales y delictivos (re victimización) y no puede ser que a ese mismo Estado le pidan justicia. Así, pues, ese mismo Estado se convierte en juez y parte.
Los sobrevivientes de las dictaduras deberían dirigir su reclamo (claro que esto es más caro) ante “cortes internacionales”, las cuales debería tratar este caso y pronunciarse y si los sobrevivientes de las dictaduras ganasen, pues obligar al Estado de Bolivia, mediante medidas internacionales (bloqueo y confiscación de exportaciones y otros) llegar a cumplir con las indemnizaciones respectivas. Y por qué no hasta pedir que a estas cortes internacionales se les entregue a los culpables de estos hechos criminales para ser enjuiciados, encarcelados y demás, como ocurrió con los nazis de la Segunda Guerra Mundial, por crímenes contra la humanidad.
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