Hace ya varios años, en estas mismas páginas del Decano de la Prensa Nacional, escribimos una nota de opinión, diferenciando la hoja de coca de la cocaína, pues la primera es un vegetal que como otros contiene elementos alucinógenos, además de otros alimenticios; la segunda, ya elaborada químicamente con precursores por la mano del hombre, es un alcaloide, narcótico y midriático. Si bien fue utilizada en medicina como anestésico, en especial para las cirugías, debido a su toxicidad ha sido dejada de lado y reemplazada por otros anestésicos sintéticos menos agresivos.
Los organismos de medicina internacionales recomiendan su no uso, por su característica de ser adictiva y hasta peligrosa para la vida de los consumidores habituales. Su adicción y la prohibición de su comercialización, la han elevado de precio en los centros de consumo, de tal manera que junto a otras drogas, ha determinado toda una actividad delincuencial su tráfico, es decir su producción y comercialización.
Desde los tiempos del Incario -que es desde el tiempo que se tiene información- la coca fue usada como un estimulante para el trabajo de los yanaconas, y como elemento de uso ceremonial en las clases altas. Luego de la llegada de los españoles, la explotación de las minas y la tierra estuvo acompañada de la masticación de la hoja de coca o “acullico” que perdura hasta este tiempo, aunque ya declinando su uso.
Debido a las cuantiosas ganancias que genera la cocaína, como pasta base o clorhidrato en su producción y comercialización, en el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro se promulgó la Ley 1008, que regula la producción de la hoja de coca, a la cantidad de 12.000 hectáreas en los Yungas paceños, región donde se ha plantado desde la precolonia, la colonia y la república.
Debido a los efectos nocivos en el consumo de la cocaína y el poder económico de los traficantes, hace ya tres décadas que en nuestro país se combate este tráfico, que afecta no solo a la salud de los consumidores, sino a la seguridad del Estado mismo, por ello se ha organizado una fuerza policial, especializada en la lucha contra esa actividad considerada delictiva.
La hoja de coca es la materia prima de la cocaína y en consecuencia la Ley 1008 reguló su producción, pero en la región del Chapare cochabambino se produce la hoja de coca en cantidades no especificadas y debido a que no sirve para la masticación, su destino es el narcotráfico que produce cocaína. Han sido los organismos internacionales -entre ellos las Naciones Unidas- que en estudios efectuados han determinado que más del 90% de la producción de hoja de coca se destina a fines ilícitos y que el consumo interno para “acullico” no pasa de 8.000 hectáreas para su siembra en los Yungas paceños.
El régimen de gobierno de los denominados “movimientos sociales” que hace once años está en el poder político, tiene como uno de sus más comprometidos grupos sociales en el gobierno, a los cocaleros, en especial del Chapare, pues el presidente del Estado Plurinacional es, a su vez, presidente de las seis federaciones de productores de coca y seguramente para cumplir compromisos con los intereses de esas organizaciones de cocaleros, el gobierno con su mayoría parlamentaria ha sancionado una nueva ley que amplía los cultivos de la hoja de coca a más de 22.000 hectáreas, legalizando las del Chapare a más de siete mil, pese al destino que tiene esa producción.
Las relaciones de nuestro país con los vecinos y antes con la primera potencia mundial, los Estados Unidos, tiene el asunto de la cocaína como uno de los principales temas de las relaciones exteriores y que en los últimos tiempos se ha convertido en un asunto de cierta conflictividad.
En una influyente revista brasileña que supera el millón de tiraje, en varias oportunidades se han referido a nuestro país como la “República de la coca” y en muchas partes del mundo, nos ven a los bolivianos como involucrados en el negocio de la cocaína, demorándonos en los aeropuertos con prolijas revisiones de maletas o preguntándonos si no tenemos unos gramos en el bolsillo, como me sucedió en un evento académico al que asistí.
Los intereses de nuestra patria y su dignidad van a ser más afectados con el despropósito de esta ley aprobada en el Legislativo, en tiempo récord y sin el debido debate, ratificando el apelativo de ser la “República de la Coca”.
El autor es abogado y politólogo.
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