Viceministro justifica ampliación de hectáreas de cultivo de coca

Aprobar una ley de hoja de coca sin determinar la cantidad, “sin límite”, significaba “cocalizar el país”, con el riesgo de que los parques nacionales, las reservas forestales y tierras fiscales sean invadidos, afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, justificando la cantidad de hectáreas legales de cultivos de coca que se pretende ampliar en la nueva Ley General de esta planta tradicional.

“Desde el primer día que llegamos al Gobierno, dijimos que en Bolivia no habrá libre cultivo, pero tampoco coca cero” aseguró Cáceres, durante una entrevista en un medio estatal a tiempo de justificar las modificaciones que se hacen en la nueva Ley General de la hoja de Coca.

“Por respeto a los acuerdos asumidos como país con la comunidad internacional, no podíamos permitir el libre cultivo de coca en el país; como pretendían algunos malos dirigentes de Adepcoca”, señaló el Viceministro.

La última semana de febrero, en medio de la confrontación que se dio con la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el Gobierno aprobara la nueva norma, que ahora solo espera ser promulgada por el Ejecutivo, pese a los cuestionamientos de la oposición.

Entre las observaciones que se han planteado, está el incremento de hectáreas (ha) legales de cultivos que de las 12.000 ha que fija la Ley 1008, o los 14.200 que fija un estudio de Organización de Naciones Unidas (ONU), subió a 22.000 ha.

14.300 para los Yungas de La Paz y 7.700 ha para el Chapare de Cochabamba, pese a que según el estudio de la ONU, que es reconocida por el Gobierno, señala que el 94 por ciento de la producción de hoja de coca de esta última región cochabambina es desviada al narcotráfico.

Sin embargo, sin dar detalle de cuál será el destino final de las toneladas de producción de las 22.000 ha de coca, Cáceres afirma que aprobar una ley de hoja de coca “sin cantidad” ni sin límite, significaba “cocalizar el país”, con el riesgo de que los Parques Nacionales, las reservas forestales y tierras fiscales sean invadidos, por algunos malos bolivianos que a título de no tener tierras y trabajo empezaron a irrumpir tierras para luego plantar coca ilegal, en todo el norte del departamento de La Paz (Ixiamas, Rurrenabaque) donde ya hay plantaciones ilegales de coca.

“En la provincia de Ayopaya del departamento de Cochabamba, no había ni una planta de coca, ahora en el sector del rio de Cotapata que está en lo profundo de los tres departamentos: La Paz, Cochabamba y Beni, ahí están sembrando coca; que nuestras fuerzas de tarea conjunta y el Comando estratégico Operacional (CEO) permanentemente están erradicando, sin embargo al tiempo vuelven a plantar en el mismo lugar, generando un círculo vicioso, erradicar, plantar, plantar, erradicar, como es el caso de Palos Blancos; ello no se pude permitir porque va en desmedro de la economía del país”, reconoció de forma contradictoria la autoridad.

Para Cáceres, la nueva Ley General de la Hoja de Coca, elimina todos esos vacíos de la ley 1.008 y da mayor autoridad, porque “específicamente identifica, señala y segmenta las zonas productoras de coca, que son algunas provincias de los Yungas en el departamento de La Paz y el Trópico de Cochabamba; en el resto del territorio boliviano es coca cero (…) La ley de coca además penalizara con cárcel, a todos aquellos infractores reincidentes”, aseveró Cáceres.

INFORME DE EEUU

En tanto, el informe anual de Estados Unidos sobre el narcotráfico en el mundo da cuenta que Bolivia y Venezuela son, junto a Birmania, los países del mundo donde existe un “fracaso demostrable” a la hora de implementar sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas, según

Entre los mayores productores y países de tránsito de drogas del mundo se encuentran también Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, de acuerdo con el informe, enviado hoy por el Departamento de Estado al Congreso estadounidense.

El informe, relativo a 2016, se basa en las recomendaciones emitidas por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en septiembre pasado, cuando designó a Bolivia, Venezuela y Birmania como responsables de una política fallida en la lucha antidrogas en los doce meses anteriores.