Inopinado incremento oficial de la coca

Sin considerar el enorme despliegue de los cocaleros de Yungas en La Paz (más de 3.000), su gran avituallamiento (carpas, alimentos, alcohol y dinamita) y su poder de generar atentados y amedrentamiento público, el Gobierno con su nuevo proyecto de ley de la coca cubría sus objetivos y por ello no tuvo inconveniente en ampliar hasta 22.000 las hectáreas de coca. El objetivo de esta ampliación, desde las 12.000 ha contempladas en la Ley 1008, no era otro que legalizar las 7.000 ha producidas en el Chapare, por el vacío legal en que se encontraban y por tratarse de la principal base de sustentación política del régimen.

El propósito del traslado de los cocaleros yungueños a la Sede del Gobierno no era otro que oponerse a la competencia que les significa la producción del Chapare, escudándose en que la coca yungueña cubre el llamado consumo “tradicional”, pero prevalidos de su poder y de su planificada organización de hostigamiento exigieron inicialmente 24.000 ha. La estrategia se inició cercando la plaza Murillo en todos sus accesos a partir del día viernes 17 de febrero. Los sitiadores consideraron esta acción ilegal como un acto normal, natural y corriente -visión propia y común a todos los “movimientos sociales”- mientras el Ministro de Gobierno, saliéndose esta vez del libreto oficial, calificó el cerco como “secuestro” de los Órganos Ejecutivo y Legislativo.

En venganza por el desalojo del que fueron objeto, los cocaleros desataron una serie de actos de alto grado vandálico contra la ciudad. Quemaron módulos y motocicletas policiales, daños a la sede municipal, etc., atentados entre los que resalta el ensañamiento contra la Unidad de Bomberos, con cuantiosos destrozos. El turno de los excesos tocó a las zonas de Miraflores, Villa Fátima y alrededores, causando daños inclusive a viviendas y vecinos. El verdadero ganador de esta situación tan compleja es el narcotráfico, obteniendo mayor materia prima, no obstante de su exponencial crecimiento en estos 10 últimos años. Diversos organismos han establecido que más del 90% de la coca procedente del trópico cochabambino nutre al narcotráfico, sin contar su verdadera producción extraoficial. Tampoco la zona yungueña está exenta de plantaciones no autorizadas, conjunto que arrojaría unas 33.000 hectáreas en el territorio.

La conclusión es la elevación de 12.000 ha legales a 22.000, es decir 14.300 para Yungas y 7.700 para el Chapare, con lo que éste último resulta beneficiado sin que hubiera pedido algo y menos participado en las presiones. Estudios anteriores estiman que el consumo tradicional de la hoja no requiere más de 7.000 ha, por mucho el gobierno las transformó en 18.000 ha necesarias para el acullicu. Antes, como ahora, aduce que excedentes serán destinados a la industrialización cocalera, con fines exportables. Pero experimentos de particulares nunca demostraron factibilidad al respecto. Este superávit creará mayor susceptibilidad internacional hacia el país, con todas las consecuencias negativas que no solo afectan ya a Bolivia como Estado, sino inclusive a las ciudadanas y ciudadanos en la generalidad de sus relaciones en el extranjero.