“Ley de la Coca”, grave medida contraria al país

Haciendo abstracción de principios de prudencia, previsión y respeto por el país y la comunidad internacional, el gobierno aprobó la “Ley de la Coca” en sustitución de la Ley 1.008, una disposición que tuvo plena vigencia durante 29 años, ley que perduró con los calificativos de “leonina”, “injusta”, “arbitraria” y con la amenaza de que “sería reemplazada” según prédica de gobiernos, parlamentarios, políticos, entidades sociales, pero que nadie se atrevió a presentar siquiera un proyecto para sustituirla.

La Ley de la Coca fija en 22.000 hectáreas la coca legal en lugar de 12 mil hectáreas que estuvo vigente hasta hace pocos días. Los argumentos señalan que lo fijado por la Ley 1.008 “no alcanza para el masticado y usos tradicionales” y otros criterios que pretendieron justificar lo injustificable y peligroso para el país. La verdad es que las 12 mil hectáreas arrojaban excedentes por el menor masticado y uso tradicional.

El incremento de 10.000 hectáreas de coca es contrario al país y favorable solamente para el narcotráfico que no reconoce derechos ni principios del ser humano. Ese incremento implica desprestigio y desconfianza para el país porque, como está comprobado, las hojas amargas y duras que produce el Chapare, son destinadas a la producción de droga como es la cocaína. La medida, como primer resultado, ha conseguido que los campesinos cultivadores de coca se dividan: los unos, dirigidos por el Presidente de la República que es también presidente de seis federaciones de cocaleros del Chapare cochabambino; y, los otros, productores asentados en los Yungas paceños; cada quien reclama por “derechos” que creen tener.

Si bien es evidente que la coca del Chapare es “dura y amarga” y la de los Yungas paceños es “suave y dulce” y tiene preferencia para el masticado, ambas, cuando son excedentarias y no utilizadas en forma alguna para el consumo legal, resultan letales porque de ellas proviene la cocaína, la droga que causa millones de víctimas en el mundo. La comunidad internacional seguramente ha sido afectada por el anuncio de una ley que es contraria a la seguridad y vida del ser humano. Hay tratados de los que es signatario nuestro país; hay convenios internacionales que de nada sirven frente al criterio: “somos libres y podemos hacer lo que nos conviene”; pero, corresponde reflexionar: ¿conviene al país un incremento de los cultivos de coca legal aun sabiendo que la excedentaria engrosará la producción de droga? ¿Quién o quienes pueden garantizar que la coca cultivada en exceso puede producirse en regiones no tradicionales y con ello incrementar la producción de droga hasta límites imparables?

En más de sesenta años, ¿cuán positivas han sido las acciones contra las drogas en el mundo? En casos, especialmente países ricos, ¿no han mostrado políticas contemplativas ante los traficantes de droga? ¿Cuántas veces se ha culpado a los productores de la excesiva demanda surgida periódicamente en países ricos? ¿No son ellos, en definitiva, los que podían y debían frenar la presencia de cocaína y muchos otros productos alucinógenos que han envenenado a parte de su población? Mucho tendrían que responder quienes han promovido y hasta apoyado financieramente y con precursores a la producción de drogas; pero, ¿reconocerán lo que debe pesar en sus conciencias?

En nuestro país, en once de años de gobierno, el Presidente y su partido anunciaron la industrialización de la coca; sin embargo, no hay un solo producto que sea efecto de ese proceso. Por otra parte, en once años no se ha podido liberar a los campesinos productores de coca, de ese tenebroso círculo de la coca-cocaína y del que muchos de esos campesinos querrían liberar a sus comunidades. Mucho se endilga a los productores de coca; pero, ¿cuándo hubo - seria, honesta, y permanentemente- campañas en pro de los cultivos tradicionales como ser cítricos, bananos, palmito, piñas, café, pimienta, especias de muchas clases, verduras y otros productos alimenticios en tierras que son ricas y que por el cultivo de coca se empobrecen y degradan? Esa producción podría, en todo caso, reemplazar con creces al comercio de coca pese a que éste tiene mayores posibilidades por contar con tres o cuatro cosechas al año y son los compradores y rescatistas que, en favor del narcotráfico, elevan precios con los que no pueden competir los productos alimenticios.

La “Ley de la Coca” es negativa porque hay que convenir en que parte de nuestra economía -así sea mínimamente- se asienta en acciones del narcotráfico. Nuestra seguridad parecería depender también de lo que hagan las delincuencias que, directamente o no, promueve o causa el tráfico de drogas con la expansión de enfermedades como la sífilis, SIDA, venéreas y otras que transmiten algunos adictos que, en su inconciencia, no se dan cuenta de nada y menos del grave daño que causan.

El gobierno, antes de aprobar la “Ley de la Coca”, debió actuar con prudencia, cautela, previsión y conciencia de país y no aprobar una ley que por sus consecuencias, acarreará muchos momentos amargos al país, a su buen nombre y a la seguridad y tranquilidad del pueblo. La aprobación de esta ley es, sin duda alguna, el mayor desprestigio para el gobierno y, nada raro, una especie de suicidio político y social.