Ha causado alarma y estupor en la colectividad el hecho de que el Poder Legislativo, en ambas cámaras, haya aprobado la “Ley de la Coca” fijando en 22 mil la cantidad de hectáreas en lugar de las legales 12 mil que regían en el país desde la aprobación de la Ley 1.008 en el año 1988. Mucho se ha discutido el caso, hubo en las sesiones camarales varios parlamentarios disidentes con la idea de aumentar de 12 a 22 mil las hectáreas del producto cuyo derivado es la cocaína; pero, al haber mayoría en ambas cámaras, no fue difícil para el oficialismo que se apruebe el irracional incremento.
La medida, si ha producido extrañeza en la población, con mayor razón tuvo que haber alarmado y hasta escandalizado a la comunidad mundial y muy especialmente a los organismos internacionales que ya consideraban excesiva la cantidad de 12 mil hectáreas para usos tradicionales en Bolivia, porque se supone que el masticado de las hojas de coca ha disminuido sustancialmente en el tiempo de vigencia de la Ley 1.008.
Innegablemente, hay conciencia en el país sobre un hecho: el llamado “acullico” (masticado) de la coca tuvo que haber disminuido muchísimo en los últimos veinte años, debido principalmente a que muchos de los jóvenes campesinos, con más de 18 años, han perdido la costumbre del masticado e inclusive cuando retornan a las áreas rurales piden a sus mayores que no mastiquen coca. Por otra parte, el gobierno anunció desde el año 2006 la “industrialización de la coca”, pero en más de diez años no hubo tal y no se conoce producto alguno que haya sido sometido a una industrialización “masiva”, como señalaban las autoridades y las organizaciones campesinas productoras de coca.
Los organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la misma Unión Europea, han sostenido siempre la urgencia de evitar más cultivos porque se puede tener la certeza de que todo excedente de producción es destinado a la fabricación de cocaína. El incremento de 10 mil hectáreas implica, de hecho, aumentar los volúmenes de producción de droga, hecho que satisface a los empresarios de las drogas que deben mostrar mucha felicidad por el “favor” hecho en Bolivia al incrementar la cantidad de hectáreas que produzcan la llamada “hoja sagrada”.
¿Cuánto pierde el país en prestigio y seriedad con el incremento de cultivos de coca? ¿Cuánto se pierde porque habrá condenas al gobierno y al país por haberse aumentado irracionalmente 10 mil hectáreas del producto que atenta contra la vida de millones de personas al producirse más drogas? ¿Qué beneficios hay para los campesinos con una “legalización” de lo excedentario? El caso es grave y preocupante porque implica que el país sea tildado en mala forma por una especie de “proyección” a un incremento absurdo e irracional de cultivo de coca porque la nueva Ley de la Coca con seguridad será el instrumento para aumentar los cultivos y, por ende, su conversión en droga en detrimento de la vida.
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