Se declaran perseguidos

Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando, está detenido hace más de 8 años con una sentencia de 15, donde es acusado de autoría mediata por la muerte de 13 campesinos en el caso Porvenir. Sin embargo, hasta el día de hoy no se pudo comprobar su culpabilidad.

Carmelo Lens, ex gobernador de Beni, hace unos días que se encuentra con detención domiciliaria, Estuvo en la cárcel entre 2015 y 2016, acusado de recibir supuestamente un vehículo para favorecerse en la adjudicación de proyectos.

Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, actualmente es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Mario Cossío, exprefecto de Tarija, abandonó el país en diciembre del 2010 y se refugió en Paraguay, después de que fuera suspendido del cargo de gobernador por demandas en su contra.

Manfred Reyes Villa, exalcalde de Cochabamba, pidió asilo político en Estados Unidos, fue sentenciado a cinco años de cárcel por el Tribunal Sexto de Sentencia de esa capital por el delito de enriquecimiento ilícito en su gestión de alcalde y prefecto.

Sabina Cuellar, exprefecta de Chuquisaca, fue sentenciada por incumplimiento de deberes en la construcción de la tercera fase del Estadio Patria para los Juegos Bolivarianos.

OTROS OPOSITORES

Samuel Doria Medina, líder de UN y excandidato a la Presidencia por la alianza Unidad Demócrata, está acusado por el antiguo caso FOCAS, por una presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata Montaño, se encuentra desde junio pasado con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. El jurista está acusado de los presuntos delitos de falsedad material e ideológica, además de instrumento falsificado, por su libreta de servicio militar que presuntamente sería fraguada.

Branko Marinkovic, opositor y presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra exiliado en Brasil desde septiembre el 2009, acusado por la justicia, entre otras cosas, de haber financiado a un supuesto comando terrorista que quería asesinar al presidente Evo Morales.

Roger Pinto, exsenador opositor, se encuentra actualmente refugiado en Brasil, se declaró perseguido político del Gobierno de Morales. En 2012.

José Luis Paredes, exprefecto de La Paz, se encuentra en España, es acusado por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.