La oposición reitera que la norma promulgada por el Gobierno solamente beneficia al sector del trópico cochabambino.
El presidente Evo Morales entregó ayer a los cocaleros del Chapare la Ley General de la Coca en el municipio de Chimoré en Cochabamba. En la oportunidad justificó la promulgación de la nueva norma.
El Jefe de Estado, con una voz notoriamente deteriorada por la ronquera, emitió un encendido discurso y realizó algunas puntualizaciones en sentido de que la Ley 1008 solamente “buscaba erradicar la coca en toda Bolivia, incluso en zonas tradicionales”.
Morales también aprovechó el acto para recordar a la comunidad internacional que Bolivia ahora toma decisiones soberanas y sin la necesidad de consultar a Estados Unidos ni a países de Europa.
“Para ampliar el mercado interno y el mercado externo, hemos decidido dignamente y soberanamente (legalizar) un máximo de 22 mil hectáreas de coca, (es decir) 14.300 para La Paz y 7.700 para Cochabamba, y la comunidad internacional tiene que entender que estas decisiones tomamos sin consultar a Estados Unidos o Europa, tenemos todo el derecho de decidir dignamente y soberanamente sobre nuestra Bolivia”, aseveró.
OPOSICIÓN
Al respecto, el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, sostuvo que la norma promulgada por el Gobierno solamente beneficia al sector del trópico cochabambino.
“Cuando el próximo presidente no sea presidente de los cocaleros ahí va cambiar y ahí vamos a cuidar seguramente el futuro de nuestros hijos”, dijo Rodríguez a EL DIARIO.
El senador opositor señaló que existe mucha susceptibilidad de que de las 22 mil hectáreas de coca que fueron legalizadas por la Ley General de la Coca, un porcentaje vaya al mercado ilegal donde la ganancia para el productor es mayor.
“Cuando se destina la producción a un mercado ilegal el precio y la ganancia es más y las responsabilidades y los impuestos absolutamente desaparecen, entonces nadie nos va venir a hacer creer que se está aumentando los cultivos de coca para industrializarla”, añadió.
Tanto la Ley General de la Coca promulgada recientemente así como el proyecto de ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas que fue sancionada por la mayoría oficialista del Senado generaron duras críticas en parlamentarios opositores.
El senador de Unidad Demócrata Yerko Núñez afirmó que durante el tratamiento de la norma se propondrá la modificación del documento porque deben ser sancionados no solamente las personas que desvían la coca para el narcotráfico, sino también los productores.
En tanto, el diputado de UD Gonzalo Barrientos insistió en la Ley General de la Coca señalando que el documento no tiene documento que fundamente sobre el consumo tradicional.
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