Aborto impune o descuartizamiento sin castigo

Felipe Rodríguez Álvarez

Son conmovedores algunos contenidos del proyecto de ley del aborto, particularmente en lo que respecta al tratamiento jurídico que establece esta ley, para mujeres en situación de extrema pobreza, puesto que cuando la persona se encuentre en esta situación personal, la nueva ley le permite abortar impunemente. Es decir, le autoriza estrangular o descuartizar el producto de la fecundación maternal, que resulta ser una persona que nada tiene que ver con la situación de extrema pobreza que atraviesa la madre. Por el contrario, este nuevo ser tiene derecho a la vida y a la integridad física, entre otros derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué matarlo por descuartizamiento y luego arrojarlo a la basura? ¿Por qué se escoge una muerte espantosa y brutal para un inocente?

Esta permisión se asemeja mucho a la que tenían los reyes idólatras de la antigüedad, pues para ellos también era lícito sacrificar niños y niñas en la hoguera encendida en honor de sus falsas deidades. El Estado plurinacional de Bolivia no solamente tiene la obligación proteger la vida y la integridad física del nuevo ser a partir de su fecundación, igualmente tiene la obligación de hacerse cargo de las mujeres extremadamente pobres, particularmente cuando se encuentran en situación de embarazo, conclusión que la extractamos de la interpretación sistemática de los Arts. 15.1 y 16.II de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Por otra parte, no se tiene información acerca de cómo se establecerá el estado de extrema pobreza de la persona, puede ser que sea suficiente su afirmación de que es pobre de solemnidad para que su aborto no sea sancionado. Si esto fuese así, con la aplicación de la nueva ley del aborto, no solamente abortarían las mujeres que verdaderamente se encuentran en estado de extrema pobreza, sino también la extrema pobreza podría ser alegada por personas que no se encuentran en esta lamentable situación económica, por contar con medios suficientes para sustentar su embarazo con dignidad y orgullo de mujer hermosa. Sin embargo de esta situación de bonanza económica optarían por recurrir a la práctica del aborto.

La tarea de practicar abortos a personas que están en situación de extrema pobreza, y a las que podrían simular o fingir que se encuentran en la misma situación personal, tomaría hasta las horas dedicadas al descanso de nuestros galenos, por causa de la gran cantidad de personas que solicitarían a diario la práctica del aborto impune, y en esa tarea de hacer abortar podrían ser masacrados a diario miles de niños y niñas en centros de salud del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con el argumento de que con ello se salvaría las cinco mil vidas humanas que dizque se pierde cada año por causa de abortos clandestinos.

Cuando se argumenta que la pobreza extrema de la persona es suficiente fundamento lógico para legalizar el aborto, ¿se quiere decir que en nuestro medio aún existen personas que no pueden satisfacer sus más elementales necesidades con los pocos recursos con que cuentan, y por tanto, se encuentran al borde de la mendicidad? Si esto es así, este problema social tiene que ser encarado y solucionado a través de políticas de Estado. No se puede solucionar dejando sin castigo el aborto de la mujer en estado de extrema pobreza, porque esta despenalización del aborto por esta causa o motivo, si bien puede solucionar provisionalmente la extrema pobreza de la mujer, por otro lado también puede alentar y promocionar la práctica del aborto impune en las mujeres pudientes y no pudientes de la sociedad boliviana, haciendo inútil la lucha frontal contra la delincuencia, lucha en la que se encuentra empeñado el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

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