Persecusión a políticos

En los últimos días se ha visto una dura escalada de persecución política, a la que se unieron denuncias de la oposición en el mismo sentido. Estas visiones parecen confirmarse por tres hechos significativos: la orden judicial de detención preventiva contra Ernesto Suárez, vicepresidente del MDS (Demócratas) y ex candidato a la Vicepresidencia.

A lo anterior se suma la Sentencia de 15 años de presidio por “homicidio mediato” a Leopoldo Fernández, sin contar los años de su detención domiciliaria, cuestión arduamente debatida al presente a favor y en contra. Poco antes se conoció una determinación del Tribunal Supremo de Justicia de detención en su residencia, arraigo y otras medidas restrictivas contra Samuel Doria Medina, líder de Unidad Demócrata Nacional y que fuera candidato a la presidencia, segundo en la votación respectiva. Se le imputa por contratos y actos contrarios a la economía nacional en el caso Focas, que data de los años 80, cuando era Ministro de Planificación.

Son tres disposiciones judiciales directamente referidas a una especie de invalidación de potenciales contendores electorales del presidente Evo Morales, quien se prepara para una tercera reelección con anticipación de tres años, contradiciendo disposiciones constitucionales expresas que solo admiten dos reelecciones continuas.

Una nómina que puede ser parcial de los opositores enjuiciados por el Gobierno en estos 11 años incluye, además de los 3 nombrados, a Rubén Costas, Gobernador de Santa Cruz; Carmelo Lens, ex Gobernador del Beni; Manfred Reyes Villa, ex Alcalde de Cochabamba, Sabina Cuellar, ex Gobernadora de Chuquisaca. Además de estas ex autoridades figuran como reos penales el ex presidente de la República Jorge Quiroga Ramírez y Eduardo León, que fuera abogado de Gabriela Zapata, el ex senador Roger Pinto, fugado al Brasil después de casi dos años de asilo en la embajada del Brasil.

A todos, con alguna excepción, como denominador común se les acusa por supuestos delitos de peculados, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, uso de instrumentos falsificados, etc., etc. El promedio de causas en su contra es de 15 a 30 contra cada uno, cúmulo que no puede reflejar sino persecución política y muerte civil, por consiguiente inhabilitación para ser elegidos a cualquier nivel. A esta lista se puede añadir a Mario Cossío, ex Prefecto de Tarija, refugiado en Paraguay.

Por esta situación inédita, se concedió refugio político a todos los que lo solicitaron en el extranjero, sea por fuga o por autoexilio. Se calcula que unos 300 ciudadanos están en esa situación. Esta persecución a través de la Justicia demostraría un alto grado de supeditación de ésta a la voluntad de los gobernantes del país. En cambio, numerosas denuncias contra ministros y autoridades departamentales y nacionales se encuentran inmóviles en el Ministerio Público y jamás llegan a estrados judiciales. Por tal motivo estas demandas constituyen pérdida de tiempo, tal vez únicamente con la esperanza de que sirvan de antecedente.