Guerra en YPFB

De pronto, sin que nadie lo hubiera sospechado, desde el propio Gobierno se denuncian irregularidades en YPFB.

PETRÓLEO ORO ESTAÑO La estatal petrolera de Libia anunció que su producción volvió a alcanzar los 700.000 barriles por diarios y que esperan llegar a 800.000 bpd para fines de abril y 1,1 millones en agosto, según dijo su director Mustafa Sanalla. Libia es uno de los países que está exento del acuerdo de reducción de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) porque su producción había sufrido durante una reciente guerra civil. El precio del oro se mantuvo estable en la jornada de ayer por a la espera de una decisión del congreso de Estados Unidos que retrasó el voto para aprobar o rechazar la nueva política de salud del presidente Donald Trump. La nueva ley ha generado división en el las filas de su partido y de ser rechazada sería una señal de inestabilidad en su gobierno y pondría en duda su capacidad de lograr otras reformas y fortalecer la economía de su país. El congreso decidirá hoy. El precio del estaño se recuperó para continuar con una recha que ha elevado el precio internacional en 40% desde principios de año. A principios de la semana las reservas almacenadas en el London Metal Exchange llegaron a 50% de su capacidad de entrega, lo que ha puesto en alerta el mercado. Las empresas mineras y las fundiciones esperan lograr mayores guanacias en 2017 con ayuda de un repunte en el precio y nueva legislación en China.

Nadie ha preguntado por qué ni cómo la planta separadora de Río Grande tuvo una inflación de costos que el propio Santos Ramírez, en la cárcel por corrupto, no puede entender. Por varios cientos de millones de dólares.

Y muchos otros contratos de compra hechos por la empresa, comenzando por el alquiler de un taladro venezolano que perforó en vano en Lliquimuni, donde la empresa había perforado dos veces antes, sin éxito.

Algo huele mal en estas denuncias, aparte de las irregularidades que puedan descubrir, porque se trata de adquisiciones millonarias, como todas las que hace una empresa petrolera.

Alguien está moviendo fichas dentro del Gobierno, cambiando militantes de un lado para otro, militantes que tienen los colores de la whipala en el corazón, es decir todos.

Se pregunta por unos taladros comprados a una empresa italiana pero ni siquiera se alude a los 500 contenedores que YPFB decidió comprar a una empresa china, por supuesto, en una operación cuyos precios han sido declarados secreto de Estado.

En este caso sólo se sabe que la empresa proveedora opera en Nantong, con el nombre de CIMC y es subcontratista de la australiana ISG. Si está de por medio la famosa CAMC no se sabe, aunque la diferencia del nombre sea una sola letra.

El Gobierno plurinacional ha comprado esos contenedores para acarrear la urea que se produzca en Bulo Bulo. No se tiene la menor idea del sistema que se usará para el traslado de los contenedores, porque el tren no estará listo ni siquiera en cinco años, y los camiones que puedan cargarlos no tendrán carreteras aptas para recorrer.

Sin contar con la dificultad mayor. El costo de transporte de cada tonelada de urea hasta la frontera con Brasil o Argentina será de 400 dólares, lo que hará que el producto boliviano no pueda competir en el mercado porque, según dice Alberto Bonadona, el precio internacional de la urea era en julio pasado de 177 dólares la tonelada.

Por el momento, sin embargo, todo el aparato de “transparencia”, que incluso tiene un ministerio con ese nombre, aunque sea solo una vitrina de simulación para engatusar a los ingenuos, se dedica a indagar sobre unos taladros.

Todos los titulares están dirigidos a ese detalle, lo que agradecen todos quienes participan en el negocio de los contenedores, contenedores que están repletos de sorpresas incluso si llegan vacíos.

Son cosas que puede hacer un gobierno doctorado en cortinas de humo.

El ministro Carlos Romero dijo en Viena que siete de cada diez bolivianos tienen la costumbre de masticar coca, por lo que se justificaría que la superficie autorizada para el cultivo haya crecido de 12.000 a 22.000 hectáreas.	La empresa Mercados y Muestras hizo una encuesta y detectó que 69% de los ciudadanos bolivianos creen que la ley de la coca hará que aumente la droga y su tráfico. Esta vez son siete de cada diez, pero en contra.