Han transcurrido 138 años desde que las fuerzas armadas chilenas, en forma artera, invadieron la ciudad boliviana de Antofagasta y dieron inicio a una guerra injusta que terminó con la pérdida de nuestro litoral marítimo; una guerra que ha causado mucho dolor a generaciones de bolivianos hasta nuestros días, un hecho doloso y arbitrario, injusto y carente de respeto y consideración por los derechos de un país que los gobiernos de Chile han sostenido permanentemente, haciendo gala de una soberbia y petulancia que muestra cómo las decisiones, imposiciones y ambiciones de las fuerzas armadas chilenas sobre sus gobiernos han tenido más contundencia que cualesquiera argumentos sobre justicia y dignidad.
Ayer, jueves 23, como todos los años, el pueblo boliviano ha recordado, con mucho dolor, una pérdida que ha implicado muchos quebrantos económicos, políticos y sociales para nuestro país que se ha visto anquilosado en sus derechos. Muchos países, luego de la firma del Tratado de 1904 en que se consolidó la injusticia en contra de Bolivia, han mostrado simpatía por nuestra causa y el derecho de retornar al Pacífico, sino a recuperar los 120 kilómetros de costa que se tenía, por lo menos conseguir que una parte pueda conformar, otra vez, el territorio boliviano; pero, los apoyos, comprensión y solidaridad de los países vecinos ha quedado en eso o sea en simples enunciados y palabras que en la práctica de las políticas internacionales no han tenido ningún efecto.
Con el mejor de los criterios, luego de infinidad de reuniones, conversaciones y encuentros para encontrar solución al más que centenario problema, finalmente, el actual gobierno, haciéndose eco de los derechos de muchas generaciones, planteó nuestro problema ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya; organismo que, en su momento, -ante la posición chilena de que “no tenía facultad para ver el caso boliviano”- proclamó y decidió que sí, esa Corte Internacional tenía todo el derecho y hasta la obligación de considerar el caso, criterio que, a regañadientes, fue aceptado por el gobierno de Chile. Desde el inicio de los planteamientos, la Corte consideró la posición boliviana y, a su vez, los planteamientos de Chile que, como siempre, soberbio y petulante, plantea lo que siempre ha pretendido: tener derecho que no lo tiene y que se adjudicó arbitrariamente porque estaba consciente de que los territorios arrebatados a Bolivia por su contenido de riquezas le darían vida a Chile.
No cabe el término de rememorar (porque se recuerda o rememora algo festivo, lo que satisface) sino recordar un día luctuoso, una fecha que implica el recuerdo de quien, sintiendo el dolor de los bolivianos, Dn. Eduardo Abaroa, resistió la invasión, luchó y murió por su patria. Ese recuerdo, imborrable para todas las generaciones, ha dado fuerza y constancia, unidad y perseverancia a los bolivianos para que, generación tras generación, consoliden más su vocación de tener derechos inalienables para retornar al mar. Se espera que, una vez hechos todos los planteamientos por ambas partes, lo que diga la Corte Internacional de Justicia de La Haya sirva de base para los gobiernos de Chile -al margen de la obsecación y prepotencia de sus fuerzas armadas- para conversar, dialogar, convenir y hasta acordar soluciones al largo e injusto problema. Bien se sabe que la Corte Internacional de Justicia no dará solución al magno problema, pero se pronunciará sobre las razones que asistan a las partes; logrará avenimientos, concordia y justicia. Su autoridad moral y su apego a principios de justicia y libertad serán determinantes para la apertura de condiciones que permitan diálogos sinceros que den lugar a que, finalmente, Chile reconozca los derechos que nos asisten.
No corresponden algarabías que, muchas veces equivocadamente, se realizan en nuestro país; se recuerda tanto el sacrificio de Abaroa como días dolorosos, fechas de luto para todos y, lógicamente, para la reiteración del gran propósito que se hace conciencia, vocación y misión de todos: retornar al Pacífico pero con soberanía, con pleno reconocimiento de nuestros derechos, y Chile, siempre propenso a buscar réditos en todas sus acciones, buscará determinadas compensaciones que, en su momento, seguramente serán discutidas y consideradas por Bolivia.
Mientras lleguen los momentos de acordar con Chile diálogos sinceros, amplios, respetuosos y responsables, lo que corresponde es que los bolivianos sigamos unidos férreamente en la búsqueda de justicia para nuestros derechos. Que se tenga diferencias y contradicciones con el o los gobiernos de nuestro país, que hayan discrepancias, desajustes y hasta confrontaciones sobre cualesquiera problemas o temas, pasa; pero, la unidad sobre el grave problema marítimo debe ser cada vez más sólida, firme, constante y que consolide las conciencias en aras del objetivo común.
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