Tribunal de Sentencia de La Paz
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, presidido por el juez Sixto Fernández, excluyó ayer al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García de la lista de testigos del caso terrorismo. El abogado Gary Prado consideró que esa medida fue tomada por un acto de “llunquerío” (adulación) a las autoridades del Estado.
Prado recordó que la defensa de Alcides Mendoza propuso, en 2011, como testigos de descargo a Morales, García y otras autoridades, que expresaron tener conocimiento de detalles de los operativos policiales del caso Terrorismo, a través de declaraciones públicas y en otras oportunidades.
“Esa lista de testigos no fue objetada (en ese momento) por el Ministerio de Público o el Ministerio de Gobierno, acusador particular en este proceso. De manera que la lista quedó aprobada por el órgano jurisdiccional en la audiencia conclusiva, el 2011”, remarcó el abogado.
Sin embargo, según el abogado, en la audiencia de juicio e introducción de prueba testifical de descargo realizada ayer, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno determinaron pedir al Tribunal que se declare impertinente la declaración del Presidente y Vicepresidente. La solicitud fue aceptada.
AMPARO
“Por ahora están excluidos, vamos a ver de presentar un amparo constitucional para que se revoque esa decisión, que no tiene fundamento”, opinó.
Prado explicó que el juez Fernández señaló que las preguntas que se pretende hacer a los mandatarios son “impertinentes y ellos no tendrían nada que aportar”. Recordó que en la madrugada del 16 d abril de 2009, sólo horas después de que se desarrolló el operativo en el Hotel Las Américas, de la ciudad de Santa Cruz, donde se afirma que fueron ejecutados tres extranjeros, el presidente Morales, desde Venezuela, daba detalles a la comunidad internacional, de los que ni el propio fiscal tenía en ese momento conocimiento.
“(Morales), ya habló del supuesto atentado en el Lago Titicaca, que se había metido media hora de bala, dio serie de detalles que no los tenía ni el fiscal a cargo de la investigación; todavía tengo la esperanza de que la justicia constitucional me permita que eso se revoque y el Presidente como todo ciudadano, responsable ante la ley, responda lo que se le pregunte”, afirmó Prado.
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