Procesos judiciales ajenos a la justicia

Después de muchos años en los que se trató de encontrar pruebas terminantes en contra del ex–Prefecto de Pando, los tribunales de justicia dictaron sentencia; pero lo hicieron sin aportar pruebas que muestren culpabilidad de todo lo que se le enrostra, porque nada de lo expresado por los fiscales ha sido comprobado y tan solo ha pesado una “culpabilidad intelectual” de los hechos en Porvenir; conjuntamente él, han recibido sentencias tres antiguos funcionarios públicos con inculpación de faltas o delitos no cometidos y menos comprobados.

La justicia en nuestro país, administrada mal y solo conforme a intereses político-partidistas o, en casos, simplemente personales por revanchismos y otras causas menores, como son los casos Doria Medina, Suárez y Cusi, muestran hasta qué punto la noción de buena y digna administración de justicia ha desaparecido en el país, tan solo porque el Poder Judicial existe parece apegado a las decisiones del Poder Ejecutivo. Los muchos casos que se ventila en tribunales, dado el tiempo transcurrido para su respectivo examen y posterior sentencia, no encuentran asideros de ninguna clase porque mediante procedimientos ajenos a la justicia, se efectúan audiencias, postergaciones, más audiencias cautelares y otros procedimientos dilatorios que consiguen tan solo una mayor retardación en la solución de los juicios.

El caso del ex–prefecto pandino es más que patético porque en ningún momento se le endilgó, con pruebas fehacientes, los delitos que hubiese cometido; todo muestra que por simple cansancio se tuvo que dictar una sentencia de quince años de prisión, medida que el Presidente de la República consideró “injusta” porque él cree que la sentencia debió ser por más tiempo “debido a los delitos atribuidos y que han dado lugar al juicio”.

El mismo caso es de Doria Medina, que desempeñó funciones ministeriales hace más de veinticinco años y en cuyas funciones logró la condonación de una deuda del país con los Estados Unidos, pero se lo inculpa de delitos económicos cuando lo que hizo fue favorable en todo sentido al país. El caso del magistrado Cusi es otro que llama poderosamente la atención y sobre el cual se han pronunciado diversas organizaciones, por no encontrarle justificativo alguno, ni la sustentación de un juicio que, en el sentir general, “no tiene pies ni cabeza”.

Es deplorable, lamentable, sensible y doloroso que la justicia en Bolivia justifique de algún modo el dicho popular: “La peor injusticia es la justicia boliviana”; una frase que es lapidaria para el Poder Judicial y mucho más para quienes disponen y lo manejan conforme a intereses políticos o conveniencias personales. Parece que lo único que le queda al país es la esperanza de que llegue el día en que se corrija procedimientos que nada tienen que ver con principios elementales de justicia.