Transparencia y Defensor crean controversia sobre fallo del TCP

Mientras el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, dijo ayer, lunes, que la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye el artículo del preaviso de la legislación laboral “demuele” intereses, derechos y garantías de los trabajadores bajo tuición de la Ley General del Trabajo; el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, saludó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de expulsar del ordenamiento jurídico el artículo 12, de la Ley General del Trabajo, y declarar la ilegalidad del preaviso.

MOVILIZACIONES

La Central Obrera Boliviana advirtió con movilizaciones en contra de la vigencia del preaviso y de un proyecto de Ley de Estabilidad Laboral, que se consideraban en la Asamblea Legislativa, la semana pasada.

EFECTOS DEMOLEDORES

“Los efectos de esta sentencia son demoledores para el derecho del trabajo. Nunca el Tribunal Constitucional y menos la Central Obrera Boliviana debieron pedir la eliminación de los tipos de contratos laborales, porque al excluir en su totalidad el artículo 12, fueron eliminadas también las modalidades de contratos”, apuntó ayer, lunes, el viceministro Trigoso.

EMPRESARIOS PRIVADOS

Entretanto, los empresarios privados del país demandaron a los poderes constitucionales revertir la decisión del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto el preaviso y pidieron que “se restituya el equilibrio quebrantado con esta sentencia constitucional”.

Un comunicado de la entidad gremial, leído a las 16 horas de ayer, por su presidente Ronald Nostas, expresa que con tal medida se permitirá “preservar y motivar la generación de empleo protegido y el crecimiento económico”.

CELEBRACIONES

El exministro de Trabajo lamentó que el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, haya celebrado el fallo constitucional que incorpora contratos eventuales y condicionales.

Un comunicado de la entidad dirigida por Tezanos Pinto, el pasado fin de semana, declaró que “el Defensor del Pueblo aplaude que el máximo intérprete de la Constitución y las leyes haya ponderado la fundamentación desarrollada al respecto y determinado la prevalencia y protección de los derechos de la clase trabajadora, asumiendo que la estabilidad de la relación laboral, en un Estado social de derecho, expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador”.

DERECHOS VULNERADOS

De acuerdo con la interpretación del viceministro Trigoso, la sentencia del Tribunal Constitucional eliminó la forma de cálculo del desahucio por despido injustificado y queda hoy a discreción del empleador por cuánto se multiplicará este beneficio y no será ya por tres últimos salarios recibidos, como establecía el art. 12, precisó.

“Con la sentencia constitucional 009/17, los empresarios privados pueden aplicar contratos civiles, comerciales, el tipo de contrato que quieran y no será una relación obrero-patronal, sino de la naturaleza que decida relacionarse con los trabajadores”, manifestó el exministro de Trabajo.

NUEVAS CAUSALES

Agregó también que con la sentencia el TCP se crean nuevas causales de despido justificadas, que no están en la norma (fuerza mayor, la incapacidad física y mental del trabajador, quiebra, edad de jubilación, causa de indisciplina y otros).

“Si un empleador hace uso de esta sentencia constitucional para un despido justificado, puede alegar que está en quiebra técnica como sucede en el 80% de todas las empresas en Bolivia”, señaló Trigoso en su declaración a la prensa.