Parlamento anuncia norma para regular fallo del TCP

El Órgano Legislativo elaborará una nueva norma para evitar los vacíos jurídicos que dejó el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al derogar el artículo 12 de la Ley General del Trabajo sobre el preaviso, desahucio y modalidades de contrato, informaron parlamentarias del Movimiento al Socialismo (MAS).

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño y la presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, manifestaron que el fallo del TCP dejó en el “limbo” y “en vilo” a los trabajadores del país, al expulsar del ordenamiento jurídico el bloque del artículo 12 de la legislación laboral.

En tanto, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, afirmó que los magistrados del TCP “han creado incertidumbre total” en la clase trabajadora al sacar del ordenamiento jurídico todo el artículo 12 de la Ley General del Trabajo.

Montaño manifestó: “Estaremos en la predisposición de generar soluciones para evitar los vacíos legales”, añadió que acatarán el fallo del órgano guardián constitucional a pesar de dejar “en vilo” a los trabajadores.

Su colega Rivero calificó como “cuestionable por cualquier lugar que se lo vea” la decisión de los magistrados del TCP, porque el artículo 12 no solo se refiriere a los preavisos sino a los desahucios y a las modalidades de contrato “por lo tanto eso ha quedado en el limbo, no hay regulación sobre ese tema”, afirmó.

“Opinión jurídica de la presidenta de la Comisión de Constitución de diputados: deberemos prever una norma o una ley que regule estas relaciones laborales, garantice el rol fundamental: la estabilidad laboral”, manifestó la diputada Rivero.

Santamaría dijo que “habrá que evaluar por qué han puesto en riesgo la estabilidad laboral”. “Hay que evaluar la resolución para ver si se mete un juicio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”.

Recordó que por un tema similar, tres magistrados del TCP fueron enjuiciados: Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chanéz, acusados de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

El Gobierno los acusó de haber dejado “en vilo” al país por dejar sin efecto la aplicación de la Ley del Notariado, norma que dicho de paso –dijo Santamaría– no entró en vigencia sino hasta ahora.

LEY GENERAL DEL TRABAJO

El artículo 12 derogado decía: “El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realiza obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y después de un año; Tratándose de contratos con empleados, con 30 días de anticipación por el empleado, y con 90 por el patrono, después de 3 meses de trabajo interrumpido”.

En ese marco, los parlamentarios anunciaron que trabajarán en el marco de lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 49 parágrafos 2 y 3.

CPE

Según la Constitución Política del Estado, articulo II se establece que “La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados; de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales”.

El articulo III menciona “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”.

Rivero recalcó que se debe cumplir con la Constitución y garantizar a los trabajadores, no sólo la estabilidad laboral, sino que la existencia de una ley que regule las vacaciones, modalidades de contrato, aguinaldo, el salario mínimo, indemnización, aguinaldo, horas de trabajo, y el desahucio.

“Entonces tendremos que hacer una ley que regule estas condiciones que están constitucionalmente definidas”, sostuvo.