Urge aclaración sobre concesiones mineras

Desde siempre en la historia del país se ha sostenido que somos mineros por excelencia, que la mayoría del territorio contiene minerales de toda clase y que a ello se debe el hecho de que hubo grandes fortunas, como es el caso de los llamados “barones del estaño” y otros. Nacionalizadas las minas que explotaban los grandes mineros, la Comibol se convirtió en la mayor empresa del país; se sostuvo, por parte del gobierno del MNR, que sería una empresa minera totalmente rentable y que las grandes fortunas que lograron tres empresarios, “pasarían de hecho a engrosar la economía nacional hasta conseguir una independencia económica”.

Pero la realidad fue diferente porque la Comibol, en lugar de ser la empresa modelo resultó ser una dependencia más del Estado y, como sostuvo en determinado momento el presidente de la República Víctor Paz Estenssoro, Comibol, que podía ser un gran soporte para la economía, se convirtió en una dependencia más del TGN; en otras palabras, mostró el fracaso de la minería estatal.

La verdad es que hubo muchas empresas mineras en el país y que estaban en poder de mineros medianos y chicos; la mayoría de las grandes minas era parte de la empresa del Estado, generalmente mal manejada por los diversos gobiernos. Esas empresas mineras, con escasísimas excepciones, no fueron explotadas con sistemas modernos y menos planificación y estudios serios de los diversos cuadros que podían establecerse; no siempre hubo los estudios de prospección y menos inversiones importantes en tecnología; prácticamente, la explotación minera se realizó artesanalmente y ello dio lugar al sacrificio de muchos trabajadores que contrajeron enfermedades pulmonares y otros males por no contar con las seguridades necesarias.

El problema de saber o no quiénes explotan minas, qué minerales explotan en ellas, cuáles son sus rendimientos, cuánto de esa producción es fundida en el país y cuánta es exportada en forma de barrilla para su fundición en el extranjero es crónico. Poco o nada se sabe sobre las concesiones fiscales que se haya hecho en el curso de muchas décadas a mineros medianos y chicos y, menos, qué perspectivas de continuidad tienen esas concesiones por no haberse realizado investigaciones serias ni por parte del gobierno o de los mismos empresarios.

De alguna manera, la explotación de la minería está en manos de familias y grupos empresariales que poco o nada saben de lo que realmente hacen y pretenden a futuro; en síntesis, se podría decir que “trabajan para el sustento diario de una planilla de obreros y empleados y, lógicamente, el sostenimiento familiar”. Esta es realidad que debería preocupar al gobierno y por ello establecer cuál es la realidad de las concesiones, cuándo han sido otorgadas y bajo qué condiciones, con qué capitales financieros y tecnológicos son explotadas, cuáles son los resultados, etc. El gobierno debería levantar un censo no solamente de las concesiones sino de la producción.