Reacciones chilenas ofensivas

Demasiado triunfalismo sobre la demanda marítima en La Haya ha llevado a la alta cúpula del Gobierno a expresiones no recomendables en el trato diplomático usual en temas de carácter bilateral o multilateral, situación que hacía esperar una reacción desproporcionada de Chile y que tuvo expresión desembozada y atentatoria con el apresamiento ignominioso de dos efectivos militares y siete aduaneros.

Si el fallo de la Corte Internacional de Justicia fuese favorable a Bolivia conforme a los términos de la demanda, debe abrirse un diálogo con Santiago en torno a la obtención de una salida soberana al Pacífico, negociación que requiere un manejo adecuado y sereno, como distintas voces lo han venido recomendando. Sin embargo, se ha puesto énfasis en un tono controversial incompatible con las expectativas, reproduciendo un estilo a veces de victimización y otras de beligerancia, convertido en práctica política interna cotidiana. La demanda ante La Haya es un tema de índole exclusivamente jurídica y nada se gana mediante la beligerancia.

Parece también que el Gobierno de la Moneda percibe una resolución de la CIJ poco favorable a su posición, carga que le impele a demostraciones de fuerza y de evidente provocación. El incidente fronterizo no surge fortuita ni espontáneamente, sino que revela ser fruto de una alerta a sus organismos fronterizos para valerse de cualquier ocasión -así sea de amparo al contrabando- para derivar en acciones punitivas como la sucedida el 19 de marzo pasado, aprovechando un acto normal y soberano anti comercio ilícito, tildado de “robo” por la propia presidenta Michelle Bachelet.

Entendidos en la materia comparten que de inmediato el Gobierno boliviano debía recurrir a los organismos internacionales -OEA, ONU e inclusive a La Haya- planteando el atropello de Estado a Estado en vista de que los enjuiciados penalmente actuaron precisamente en misión oficial del Estado Plurinacional, combatiendo el contrabando. Esta medida, enmarcada en el Derecho Internacional, hubiera entrañado el no reconocimiento de la competencia penal chilena y el traslado del conflicto al ámbito internacional, dejando a los familiares la atención judicial de un modo conveniente.

De entrada se aprecia una reacción lenta y dubitativa de la Cancillería nacional, haciendo temer que no contaba con los órganos adecuados de respuesta para casos de emergencia como el presente. A su vez, los resortes oficiales tardan mucho en establecer técnicamente si el hecho tuvo por escenario el territorio boliviano, aspecto determinante de defensa. Esta pericia es necesaria para no dar lugar al abuso y la prepotencia de un vecino prevenido para suscitar conflicto de circunstancias frecuentes en las inmensidades fronterizas entre naciones.