SIP denuncia agresión a periodistas en Cuba

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) realizó una crítica sobre la situación de los periodistas en Cuba, señaló que muchos trabajadores de este rubro no saben qué hacer legalmente para defenderse o -como están seguros de que no lograrán nada- ni siquiera intentan qué rumbo reglamentario seguir.

Según el comunicado de la SIP, aunque existe un aparato legal abrumador para amordazar e impedir el desarrollo de la prensa independiente, el Estado, que es el único enemigo de esta, apuesta por una represión preventiva de escasa visibilidad, para evitar que se genere respeto y solidaridad pública y mediática por los profesionales de los medios. Para eso escoge usar leyes de control económico en vez de leyes de control político, mantiene altos los precios de todos los recursos del periodismo –internet, papel, telefonía celular, equipos digitales– y emplea al aparato de Seguridad en el hostigamiento de los profesionales de los medios, la sustracción de sus recursos de trabajo y los arrestos breves para impedirles realizar su labor.

El control absoluto del aparato judicial por parte del ministerio del Interior y el cuidado que se toma la Seguridad del Estado en dejar la menor cantidad posible de huellas de su trabajo contra la prensa, solidifica el ambiente de impunidad ante las agresiones que sufren los periodistas. Por ello, muchas veces los periodistas agredidos no saben qué hacer legalmente para defenderse, o como están seguros de que no lograrán nada, ni siquiera intentan su defensa legal.

Los hechos más graves en este período fueron: Cárcel para el periodista y activista camagüeyano Fernando Vázquez Guerra por un delito económico diseñado para él. Cárcel para el político Eduardo Cardet y el grafitero El Sexto (este ya liberado) por expresarse en público sobre la muerte de Fidel Castro. Amenaza de cárcel por otro delito económico prediseñado contra Karina Gálvez, del consejo de redacción de la revista Convivencia, cuya sede está amenazada de decomiso. Cadenas interminables de citaciones policiales o laborales, siempre promovidas por la Seguridad del Estado, para interrogatorios y amenazas contra la mayoría de los miembros del staff y colaboradores de las revistas Convivencia y La Hora de Cuba. Acusación penal por “propaganda enemiga” al vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información para Cuba, y amenazado con “15 o 20 años de prisión” si no deja de publicar y una acusación por “usurpación de capacidad legal” que le prohíbe salir del país.

Además de la paupérrima economía, el país sigue gobernado por un grupo de personas relacionadas familiarmente con el jefe de Estado, Raúl Castro Ruz.

Durante este período, se registraron dos sucesos importantes: la muerte de Fidel Castro Ruz –anunciada el 25 de noviembre– y la eliminación de la política norteamericana de Pies secos, pies mojados, por parte de Barack Obama el 12 de enero.

Las leyes cubanas contienen numerosos frenos a la libertad de prensa e información. Pero el Código Penal, que data de 1987 –con ligeras modificaciones posteriores– es el más agresivo en este sentido. Contiene 10 artículos que amenazan el trabajo de la prensa. El Art. 103 sobre “Propaganda Enemiga”, es la amenaza más fuerte. El resto de los artículos afecta todo el espectro laboral de un medio de prensa normal: es penalizada la pertenencia formal a un equipo de trabajo, la búsqueda de información, la identificación como periodista en caso de no poseer título y la publicación, impresión, distribución y comercialización del material periodístico. Además, el Código blinda de críticas a todas las autoridades y al aparato estatal. Aunque estos artículos fueron muy poco aplicados en los últimos años, su sola existencia es una amenaza latente.

El freno legal primario, sin embargo, reside en el Art. 53 de la Constitución, el que reconoce la libertad de palabra y prensa siempre y cuando se use “conforme a los fines de la revolución socialista”, mientras que prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión.

Otras leyes que amenazan el ejercicio del periodismo independiente son las Asociaciones, la de Inversión Extranjera y la del Secreto Estatal.

Los ministerios de Educación y Educación Superior aplican en todos los centros de enseñanza reglamentos que clasifican como falta muy grave mantener actitudes de carácter contrarias a las normas de la “revolución”. En ambos casos, las sanciones son las más duras que contempla el reglamento, llegando a la de expulsión de la enseñanza superior.

Grave es el caso de los estudiantes de Periodismo, a los que se les exige ser militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). A estos estudiantes y profesores el Gobierno los incentiva a realizar operaciones de ciberacoso contra cuentas de Facebook de periodistas independientes.

Sobre acceso a la información, el Código Penal y otras disposiciones restringen la obtención y publicación de información. Quienes trabajan en instituciones tienen claro que brindar información a un periodista independiente los pone en riesgo severo de desempleo e investigación policial. El secretismo es política de Estado, de manera que solo es posible hallar datos ya publicados por el propio Estado.

Internet y el acceso a memorias flash y reproductores de contenidos digitales han cambiado sustancialmente los hábitos de consumo de los cubanos. Gran número de hogares consume materiales provenientes de “El Paquete”, una memoria con productos digitales mayormente en video, organizado y comercializado por redes privadas en el país. Las autoridades hacen la vista gorda, pero presionan para que no se incluyan materiales críticos al Gobierno.

La telefonía celular sigue siendo un servicio muy caro y es comúnmente espiada por las autoridades, lo cual la convierte a veces en un peligro más que un beneficio para el trabajo del periodista.

El internet sigue siendo prerrogativa del monopolio estatal, Etecsa, y ahora cubre más de un centenar de sitios al aire libre en casi todas las ciudades y pueblos del país. Ambos servicios exigen al usuario suministrar previamente sus datos personales a Etecsa, que crea la cuenta de acceso, y luego se paga 1.50 CUC, casi 2 dólares, en un país donde el salario promedio es de 25 dólares.

Cuba es una de las sociedades más pobres del hemisferio. El salario promedio mensual es de 25 dólares. Los maestros y médicos pueden ganar entre 20 y 80 dólares mensuales, y los periodistas de medios estatales, los únicos legalizados para ejercer la profesión, reciben entre 12 y 80 por mes.

El contrato de internet y el de telefonía celular contienen advertencias al usuario de que perderá el servicio si viola “las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano” o usa los servicios “contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado”, respectivamente.