• EL DIARIO se comunicó con el juez José Pedro Carvalho para conocer su versión y este aseguró no conocer al senador Núñez ni estar al tanto de esos mensajes que denuncia el legislador
El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, denunció ayer que sufrió presuntas amenazas del juez José Pedro Carvalho, quien envió a prisión al exgobernador de Beni, Ernesto Suárez. El legislador solicitó seguridad al Consejo de la Magistratura.
“Este es el juez que envió a la cárcel a Ernesto Suárez”, dijo Núñez en conferencia de prensa. “Ahora me amenaza. Esta es la justicia que tenemos en nuestro país, estos son los jueces a los que estamos todos los bolivianos todos los días sometidos, imagínense. Si es capaz de amenazar a un senador que tiene respaldo de la Constitución Política del Estado, como será con otros bolivianos”, anunció Núñez.
En ese marco, el pasado 31 de marzo, Núñez recibió mensajes de amenazas en su cuenta de la red social Facebook, en la que en reiteradas veces, Carvalho preguntó datos personales del Senador, como la dirección en la que reside.
ADVERTENCIA
“Cuáles son sus datos y donde lo puedo encontrar”, dice en una parte del mensaje enviado que Núñez mostró. Dichos mensajes están en su cuenta personal de Facebook.
En otra parte, el supuesto mensaje de Carvalho advierte que tomará acciones legales en contra del legislador.
“Otra cosa, así como usted fue bueno para hablar para mí, espero tenga buenos abogados para que lo defiendan, ok porque voy a iniciar acciones legales en su contra, y otra cosa voy a su pueblo cuando yo quiero y si quiere nos topamos este lunes que estaré allá, soy varón de la cintura para abajo y de la cintura para arriba ok”, dice el mensaje.
CARVALHO
Al respecto, este medio llamó a uno de los teléfonos celulares que presuntamente José Carvalho le proporcionó a Nuñez y se confirmó que sí era su número personal, sin embargo, el aludido negó tales acusaciones.
“No he visto nada, ¿de qué denuncias me habla? El señor no es mi amigo en el Facebook, yo no lo conozco al señor, nunca he hablado con él. Yo no sé de qué me habla, o sea primero tendría que saber de qué denuncia me habla pero no sé. Yo desconozco de qué me habla y tendría que primero infórmame para pronunciarme respecto a eso”, dijo Carvalho.
PIDE SEGURIDAD
En tanto, el senador Nuñez pidió seguridad para su persona y su familia porque considera que corre riesgo.
“En esta mi denuncia que hago a Wilber Choque, presidente de la Magistratura, he pedido seguridad para mí y para mi familia, este juez sabe que yo trabajo aquí en la Cámara de Senadores y en más de cuatro oportunidades me pide donde vivo y por eso es que pido seguridad para mi familia”, manifestó.
Semanas atrás, el legislador solicitó un informe escrito al Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y al Consejo de la Magistratura, el cual requería el informe de las funciones que el juez Carvalho desempeñó en el Ministerio Publico; las denuncias y querellas que tiene presentadas en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Departamental del Beni, además de un informe sobre los procesos penales que tiene o tuvo hasta la fecha.
ANTECEDENTES
El pasado 16 de marzo, el exgobernador y vicepresidente del Movimiento Social Demócrata, Ernesto Suárez, fue enviado a la cárcel de Mocoví, bajo el argumento de que no tendría un domicilio ni un trabajo en Trinidad, pese de haber presentado documentos que respaldan ambos.
Semanas atrás, Suárez manifestó que sospechaba que el actual Gobernador de Beni del Movimiento Al Socialismo (MAS), Álex Ferrier, presionó a la Fiscalía en el proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas que derivó a su detención preventiva.
“Miren ustedes, no sé si será mucha casualidad, resulta de que en este caso, de oficio me investiga el Ministerio Público y aparece la Gobernación y funge también como parte del proceso sin haber emitido una sola denuncia. Seguramente vienen a presionar al Ministerio Público para que haga su trabajo”, manifestó Suárez semanas atrás.
En diciembre de 2015, el exgobernador Suárez presentó una denuncia al Tribunal de Justicia de nuestro país, en la que afirmó que existía un presunto consorcio de abogados, jueces y funcionarios de la Gobernación de Beni; sin embargo no tuvo respuesta.
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