Ley Municipal moderará edificaciones irregulares

La nueva Ley Municipal de Fiscalización Territorial ejercerá un mejor control y evitará edificaciones irregulares. La norma, que fue promulgada ayer por el alcalde Luis Revilla, prevé drásticas sanciones administrativas y cuantiosas multas pecuniarias a los infractores.

La nueva disposición edil propone un nuevo modelo de fiscalización territorial, que responda a las exigencias de la nueva realidad de densificación habitacional y demográfica de la sede de Gobierno, con criterios de prevención para reducir los riesgos emergentes del incumplimiento de la norma municipal.

Una de las innovaciones del nuevo sistema de fiscalización de construcciones es su sentido integral, espacio y medioambiente, y no así como la anterior norma de 2004, que se circunscribía sólo al predio.

Señaló que se trata de un compromiso asumido con los paceños respecto de la modernización de los procesos de fiscalización y administrativos, en sentido de agilizar y modernizar los procedimientos.

“Nos va ayudar a proteger la propiedad pública, a evitar conflictos entre vecinos y planificar el crecimiento ordenado de la ciudad”, remarcó la autoridad, a tiempo de promulgar la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial.

Se trata de una nueva normativa de procedimientos ágiles, “no como ocurría en el pasado, procesos de fiscalización que duraban años. Y hasta que concluyan, por supuesto, las infracciones terminan de consolidarse y se nos hace mucho más difícil intentar intervenir”, refirió el alcalde Revilla.

SANCIONES REALISTAS

La nueva norma establece sanciones “realistas y efectivas” sustentadas en la demolición de la construcción ilegal, la conversión de la demolición a multa pecuniaria que, a diferencia de la anterior norma en la que establecía multas irrisorias de Bs 100, que permitían consolidar la infracción, con la nueva ley, las multas pecuniarias podrían ser por el valor de la misma construcción.

“Claro, a nadie le costaba pagar 100 bolivianos. Las cosas van a cambiar, quien esté pensando sobrepasar la normativa municipal, para regularizar esa infracción va a tener que pagar una multa igual o mayor al costo de la propia construcción”, apuntó el Alcalde.

1056 PROCESOS

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, actualmente se tiene 1056 procesos administrativos, emergentes de irregularidades en la gestión de los requisitos pertinentes para la aprobación de construcciones.

De este total de procesos, más el 37% se encuentran en la zona Sur, entre el 17% y 18% se encuentran distribuidos en los macrodistritos Max Paredes, San Antionio y Cotahuma, que tienen que ver con las áreas de mayor expansión.

El secretario municipal de Planificación Para el Desarrollo, Marcelo Arroyo, remarcó que la nueva normativa responde a los procesos de desarrollo urbano, que deben estar acompañados por normativas coherentes con la realidad.

En relación con los parámetros que configuran el nuevo canon de las multas, la autoridad de Fiscalización Predial, Susana Barrero, explicó que se aplican ahora nuevos elementos de ponderación, como la ubicación del predio, la propiedad, metros de construcción, entre otros.

Señaló también que, entre otros aspectos, la norma permitirá remitir reportes periódicos a las entidades financieras de todo el país, con las nóminas de propietarios de inmuebles que estén con procesos técnico- administrativos de fiscalización.

“Es efectiva, porque dispondrá de una leyenda en el Certificado Catastral, en la proforma de pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y en el formulario único que dirá que ese inmueble está con proceso administrativo de fiscalización”, destacó.