El objetivo mayor a conseguirse es lograr un retorno a siquiera una parte de lo que fueron nuestras costas sobre el océano Pacífico; para ello, hay que continuar -con serenidad, eficiencia y responsabilidad- los trámites ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y, además, no descuidar otras gestiones, inclusive con gobiernos de Chile, para que ese retorno sea con soberanía y, sobre todo, como una mínima reparación a los daños causados con la apropiación injusta e indebida de nuestros territorios el año 1879 que se inició con la ocupación de Antofagasta.
El siguiente mayor objetivo es liberarnos de la dependencia tanto con miras a derrotar la extrema pobreza como iniciar los caminos hacia un desarrollo armónico y sostenido; para ello, se cuenta con la voluntad, decisión y vocación de todo el pueblo. Lo importante y decisivo para el logro de muchos objetivos inmediatos y a futuro, es actuar con realismo ante el gobierno de Chile y ver caminos para no depender de sus puertos para nuestras exportaciones e importaciones.
Muchas veces se ha sostenido la urgencia de habilitar, conforme a acuerdos con el gobierno del Perú, la ruta a Ilo y las respectivas infraestructuras que se precisan en sus costas para que dispongamos de un puerto que nos evite seguir indefinidamente con puertos chilenos que, conforme comportamientos de su gobierno, no podemos seguir en las mismas condiciones y hasta por amor propio estamos obligados a suprimir esa dependencia que es humillante y perjudicial, es retrógrada y negativa para nuestro desarrollo.
Hay cuestiones de amor propio que dicta la propia conciencia que no es posible soportar; hay abusos que se cometen y que son muchos desde la firma del Tratado de 1904 y mucho más desde lo convenido por Chile con el Perú el año 1929 que, prácticamente, consolida nuestro enclaustramiento y ello mismo debe ser suficiente motivo para encarar el problema y no cejar en nuestros propósitos de retorno al mar.
Gobierno y oposición del país están compelidos a actuar conjuntamente renunciando a posiciones de antagonismo o diferencias que se cree insalvables porque las condiciones que se dan precisan que el entendimiento y la concordia entre las partes sean medios para encarar los problemas que son diversos y que requieren mucho para ingresar en cauces de solución.
Nuestras relaciones con el gobierno de Chile, conforme muestran los comportamientos últimamente por parte de él, no dan posibilidades para avenencias que tiendan a entendimientos que superen situaciones discordantes con lo que debería haber entre ambas naciones. Con unidad y sentimientos recíprocos sobre los problemas que nos afectan a todos, será posible encaminar cualquier esfuerzo.
Con relación a nuestra dependencia portuaria con Chile, es urgente la adopción de medidas como inversiones y realización de trabajos que no demandan espera. Perú, en diversas oportunidades desde la década de los años 80, ha mostrado buena voluntad y deseos de contribuir para que ampliemos nuestro comercio utilizando Ilo, que hasta ahora nada se haya hecho es simplemente debido a descuidos o postergaciones de nuestros gobiernos, pero no se puede seguir con esas conductas tan contraproducentes para nuestros intereses.
Los sectores productivos, las empresas comerciales, la industria de la construcción y toda actividad industrial que dependa en su economía de importaciones o exportaciones, deben concluir en la necesidad de planificar labores que tengan que ver con el uso de puertos y coadyuvar a que Ilo sea habilitado plenamente y que, en conjunción con el gobierno del Perú, se realicen las obras de infraestructura que requiera ese puerto que podría ser el principio de nuestra liberación de una dependencia que lastima y ofende la dignidad de los bolivianos.
Finalmente, el caso del manantial Silala que provee agua al norte chileno, debe ser encarado con la realización, tantas veces anunciada y jamás cumplida, de obras de infraestructura y que el gobierno no se concrete a disponer viajes de comisiones de ministros, parlamentarios y otros a los manantiales sin beneficio alguno. El caso Silala merece atención urgente y alejado de toda demagogia o políticas populistas que en nada benefician al derecho que tenemos sobre esas aguas que provienen de manantiales ubicados en tierra boliviana.
Un espíritu conciliador que sea del gobierno y de la oposición permitirá la adopción de medidas y disposiciones que efectivamente hagan algo positivo; campañas previas a un acontecimiento electoral muy lejano no interesan a nadie y son los hechos hasta el año 2019 los que marquen conductas y resultados.
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