El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cometió un error jurídico de tan grandes proporciones al extremo que, en primer lugar, tuvo que rectificar su conducta y, en segundo lugar, provocó una crisis política tanto de carácter interno como otra mayor a nivel internacional.
La decisión de ese Tribunal consistió en que anuló las atribuciones del Poder Legislativo y las traspasó al Poder Judicial. Al mismo tiempo, dio atribuciones ilimitadas al presidente venezolano Nicolás Maduro, concediéndole verdaderos poderes dictatoriales. Todo ese procedimiento se produjo al margen de la Constitución vigente en ese país, que sufre las tribulaciones de un régimen populista que quiere construir el socialismo sobre las bases de un sistema económico primitivo, sobrepasando la etapa previa e ineludible del capitalismo que, pese a sus contradicciones, es altamente progresista.
Sin embargo, esa decisión fue tan ilógica e irracional que el mismo Tribunal de Justicia se vio obligado a rectificar su decisión y retornar a la realidad, recuperando, en esa forma, el estado de normalidad de que había privado por un estado alienante, tal vez producto de la desesperación (que es mala consejera) en que se encuentra el gobierno chavista, esta vez al mando del presidente Maduro.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se produjo por una decisión carente de la menor lógica. En primer lugar, desconoció el sistema de gobierno democrático con base en tres poderes independientes e intentó retroceder al sistema absolutista de concentrar en un solo poder (el ejecutivo) las funciones del poder legislativo. Esa decisión intentó borrar de un manotazo el sistema democrático que construyó la humanidad durante siglos e inicialmente se puso en aplicación en Inglaterra y después fue consagrado por la Revolución Francesa y todas las revoluciones que se produjeron desde entonces en el planeta.
El error político cometido por los responsables de dicho Tribunal y apoyado tan solo por un gobierno de la misma tendencia, resultó de tal enormidad que, aparte de producir una conmoción internacional, una aguda crisis interna y, originar, a la vez, que el Tribunal rectifique su error, terminó por debilitar aún más al gobierno del presidente Nicolás Maduro y acentuar el caos general en que se encuentra Venezuela, sin hacer referencia a la escasez de alimentos, medicinas, intranquilidad social, trabajo e inclusive ¡gasolina!
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