¿Qué parte de la CPE no entienden?

Aparentemente los gobernantes y sus opositores desde el 2009 usan una Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) impuesta por el gobierno de turno. Extrañamente, en un lugar reservado el texto dice: “Versión oficial aprobada por la Asamblea Constituyente 2007 y compatibilizada por el Honorable Congreso Nacional, 2008”. Esa forma de implantar la Constitución hasta el momento es un misterio, para lo que participaron unos cuantos oficialistas y muchos opositores del Congreso (2008). También figuran ex presidentes, ex ministros y otros, quienes hicieron un trabajo esmerado, aprobado por ellos mismos y a cambio les “perdonaron la vida y fechorías cometidas en gestiones anteriores”.

Por ese motivo ahora varios de estos ciudadanos fungen de politólogos, comentadores, criticones, apoyadores, gente de “bien”… en caso extremo son asesores del palacio, cuando les aprieta el zapato. Se pavonean por nuestro territorio o en el exterior, derrochando dinero fantasma -al que le toque el guante que se lo chante-.

No comentaremos todas las partes de nuestra CPE, sólo analizaremos algunos temas importantes, considerando la interpretación de los gobernantes y la percepción de nuestro pueblo.

El Art. 1 de la CPE señala: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Socialista de Derecho Plurinacional, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”. Pero nuestro pueblo no es libre, independiente y soberano porque dependemos del capricho, soberbia y angurria de unos cuantos palaciegos, quienes se inflan de sofismas y chauvinismo cuando hablan dela democracia (inexistente) en nuestro territorio. Para que los gobernantes entiendan, “la Libertad es la facultad del ser humano de actuar o no de acuerdo con su propio criterio y voluntad. Libertad es también el estado o condición en que se encuentra una persona que no se halla prisionera, coaccionada o sometida a otra”.

En cuanto a la democracia, según el socialismo vigente en Bolivia, la “dictadura del proletariado” fue cambiada por la “dictadura de los cocaleros”, quienes han preparado maquinaria de propaganda, confiscando canales de televisión, emisoras de radio y comprado vallas publicitarias con el fin de perpetuarse en el poder.

En el Art.15 la Constitución menciona: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Se prohíbe la trata y tráfico de personas”. En este caso el Ministerio de Gobierno con el dinero del pueblo se encarga de la propaganda para mentir al decir que la población esta sobreprotegida con los instrumentos humanos y materiales más modernos y los derechos de los bolivianos están plenamente cubiertos con un “manto de seguridad blindada”. Es otra farsa.

Los Arts. 35 y77 señalan: “La salud y educación constituye una función “suprema” y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Pero, para empezar, somos un Estado dentro de un territorio, elegimos gobernantes para que dicten normas a las que debemos someternos, para lograr bienestar común, mejor calidad de vida, bienestar colectivo y acceso gratuito a servicios de salud y educación, que nos permita realizarnos individual y colectivamente. Esas normas deben ser aplicadas con honradez, lealtad y ética.

En concreto, el “Estado” es un ente, en cambio los que integran el gobierno son “responsables” de solucionar los problemas de la sociedad, teniendo en cuenta que el hombre y la familia son el centro y fin de la actividad social, política y económica en cada país. Los plurinacionales se mofan de nuestra sociedad cuando se habla de estos conceptos, o es que su poca preparación educativa no les permite entender los temas que son de prioridad en todos los pueblos.

El Art. 178, Del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, establece que: “La potestad de impartir justicia “emana del pueblo boliviano” y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social, autonomía presupuestaria de los órganos judiciales…” (tantos conceptos para nada). Para comenzar, las autoridades políticas no respetan la autonomía del Órgano Judicial y de hecho no colaboran al esclarecimiento de los delitos cometidos por sus compadres, orientados a inoperancia, corrupción y narcotráfico, por lo tanto dónde está la seguridad judicial y probidad de los operadores de justicia, que actúan bajo órdenes “superiores”. En concreto, la justicia es manejada desde lo alto del gobierno, conculcando sentencias de los tribunales que no convienen a palaciegos y protegidos con impunidad.

El Art. 172 de la CPE sobre atribuciones del Presidente dice: “1.- Cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes”. Al respecto, debemos preocuparnos porque nuestras autoridades, al igual que las venezolanas, tienen constituciones de diferentes colores y las utilizan según sus intereses, con excesivo afecto a la corrupción y al poder.

El autor es docente universitario.

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