Augusto Vera Riveros
En rigor de verdad, los bolivianos no tenemos fundados motivos para el optimismo, cuando menos de un futuro inmediato respecto al rumbo del país; empero si algo hay que resaltar de la actual gestión de gobierno, es la iniciativa y decisión patriótica de tomar acciones encuadradas celosamente en el Derecho Internacional, al haberse accionado jurisdiccionalmente, en nombre del Estado, ante la Corte Internacional de Justicia en busca de una reparación ante la oprobiosa invasión de 1879, que no sólo ha cercenado el territorio patrio, privándonos de nuestro litoral, también nos ha sometido por casi un siglo y medio a humillaciones que el Tratado de 1904 previene para el libre tránsito de nuestra mercadería por el puerto de Arica.
La voracidad de la caterva invasora, connivente con intereses más bien supranacionales, ha derivado en una cadena inacabable de atropellos que en los últimos años se han acentuado con restricciones al libre embarque y desembarque de mercadería, huelgas en el propio puerto, intimidaciones a los transportistas bolivianos, provocativos ejercicios militares fronterizos y en el pasado más próximo: con la detención reñida con toda norma jurídica y de buena convivencia, de militares en servicio fronterizo de la patria, funcionarios aduaneros en cumplimiento de su trabajo represivo al contrabando, vejaciones a periodistas, echando por tierra toda función diplomática dependiente de la Moneda.
¿La razón para semejantes despropósitos? Simplemente el nerviosismo por el juicio instaurado en su contra, y aun el incoado por el país vecino por las aguas del Silala ha generado que su diplomacia, tradicionalmente de impecable formación, incurra en una cadena de desaciertos que han agravado, sino a un estado de hondura máxima, a un nivel que pocas veces se dio entre ambas naciones.
Y a propósito del juicio sobre el Silala. No se crea que haberse anticipado a la demanda que primigeniamente nuestro país hubo anunciado, confiera ventaja alguna a Chile, cuando menos no en los derechos litigados, limitándose su beneficio a que el concierto de las naciones no estigmatice al país transandino como de proclividad a ser demandado.
En este orden de cosas, la irreprochable estrategia jurídica adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia, apenas empañada por algunas bravuconadas orales de algún ministro y una aislada acción desafiante en propio suelo chileno de otro ex ministro en la misma cartera -hoy paradójicamente premiado con un cargo en el servicio exterior-, y que en nada contribuyen al perfil respetuoso de los protocolos que en materia de relaciones internacionales deben observar los Estados democráticos, nos obliga a no caer en la trampa de la provocación, frente a la que nuestros gobernantes deben apostarse impertérritos, y sin sitio para cálculos políticos, reactivando más bien la brillante estrategia comunicacional desplegada hasta hace varios meses por su vocero.
Independientemente del fallo, que lo esperamos favorable, es signo de que vamos por buen camino, porque, atenta la vocación pacifista del país, la CIJ es el organismo idóneo para reivindicar nuestra cualidad marítima contra todo infructuoso intento antijurídico de la colérica Bachelet y el iracundo Muñoz. “Si los perros ladran, Sancho, es señal de que avanzamos”, la célebre expresión que don Quijote de la Mancha nunca pronunció, y cuya acuñación compartida se atribuye a Goethe y Rubén Darío, se constituye en prueba incontestable de que nos dirigimos al mar.
El autor es jurista y escritor.
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