Anteproyecto debilita tenencia de la tierra

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) evaluó que luego de un análisis del proyecto de Decreto Supremo de creación de las Reservas Integrales de Bosque Guarayos y Choré, ese marco normativo propuesto no resuelve la situación de la tenencia de la tierra en esa región, considerando que la producción agropecuaria que emerge de ese lugar abastece de carne, granos y pollo, a una población equivalente a la que vive en la ciudad de Sucre.

Indicó que las reservas integrales obligarían al productor agropecuario a cambiar su actividad y establecerlo como un simple usuario del bosque, quitándole su derecho de propiedad o posesión agraria, dijo un reporte de ANF.

INRA

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) estima concluir el proceso de saneamiento de tierras hasta septiembre de este año. Su directora, Beatriz Yuque, afirmó que sólo resta un 4% del total de la superficie nacional, y que La Paz es el departamento que concentra mayor cantidad de hectáreas no saneadas.

“A nivel nacional de una superficie 106,2 millones de hectáreas, tenemos saneadas y tituladas 83 millones de hectáreas, tenemos una superficie pendiente de titulación en proceso de 23,2 millones de hectáreas y en proceso 15,4 millones que están pendiente de titulación. La superficie que está por intervenir (para saneamiento) corresponde a un 4% del total que es 4,5 millones de los cuales 3 millones corresponden al departamento de La Paz”, informó.

LINDEROS

Pantoja, propietario de la hacienda San Jorge en el municipio de Cuatro Cañadas en Santa Cruz, expresó que resulta contraproducente que habiéndose emitido una ley que sanciona los avasallamientos, a través de un decreto supremo, se los legalice y promueva, en una zona donde además no se tiene absoluta certeza sobre la superficie y limites definitivos de la Reserva.

El directivo de Anapo sostuvo que la posición institucional es rechazar el proyecto de decreto supremo, solicitando a las máximas instancias de Gobierno, su paralización y que por el contrario se les brinde una respuesta clara para resolver el problema de inseguridad jurídica que atraviesan los productores agropecuarios en el área, quienes a pesar de cumplir con la ley de uso de suelos, pretenden ser desalojados por el INRA.