Ley de Coca provoca enfrentamiento entre productores de Yungas y autoridades

Cocaleros del sector de los Yungas de La Paz aún no asimilan la Ley de Coca y, por lo tanto, se niegan a participar de la elaboración del reglamento, ya que argumentan que al formar parte del debate estarían avalando la norma.

A eso hay que sumar que la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) declaró persona no grata al ministro de desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y una dirigenta recriminó a la autoridad por la represión policial que sufrieron sus compañeros en febrero pasado.

De acuerdo con una nota de ANF, Adepcoca regional rechazó participar de la reglamentación de la Ley de Coca, mientras que la dirigencia de Irupana aseguró que irá a este proceso.

"La Asamblea de la Regional Adepcoca Coroico rechazó la reglamentacion de la Ley de la Coca y declaran persona no grata al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico", informó radio Yungas en su cuenta de Facebook.

Entre el viernes y el sábado se realizaron asambleas de Adepcoca en sus regionales Coroico e Irupana, la primera rechazó la reglamentación de la Ley General de la Coca, mientras que la segunda resolvió participar del proceso.

Asimismo, señalan que la autoridad comprometió 30 millones de bolivianos para la planta de innovación de la coca en ese municipio.

En ese marco, el dirigente de Adepcoca Gregorio Chamizu dijo a ANF que su organización “no participará de la reglamentación de la Ley General de la Coca, para no legitimar la norma”. Porque desde el principio estuvieron en contra del contenido de la ley.

Observó que cada semana el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, viaja a diferentes zonas de los Yungas del departamento de La Paz cosa “extraña”, porque antes no visitaba con frecuencia a las organizaciones de la región, lo que generaría “dudas” sobre sus intenciones.

LEY

Como se recordará, en febrero pasado, varios sectores se movilizaron para evitar que la norma se apruebe sin antes haber sufrido modificaciones, y es en esta circunstancia que productores de los Yungas paceños llegan a La Paz para promover la modificación de algunos artículos.

Las movilizaciones se endurecen y los productores marcharon por las calles y avenidas de la ciudad de La Paz, y a su paso provocaron destrozos, como con las instalaciones de Bomberos, cuyo edificio fue afectado por la rotura de vidrios.

También destrozaron el palco oficial que se armaba en inmediaciones del estadio Hernando Siles. La violencia se apoderó de las calles y la policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los marchistas.

Sin embargo, la norma se promulgó y fijo nuevas hectáreas de cultivos de coca, 14.000 para los yungas paceños, y 7.000 para el chapare cochabambino, que sumado hace un total de 22.000.

El argumento planteado por el Gobierno obedece al aumento en el acullico, y también para la industrialización de la hoja.

La oposición criticó la aprobación de la norma, que establece el aumento del cultivo de la hoja de coca; la comunidad internacional también observó la medida y anunciaron reorientar su ayuda en la lucha contra el ilícito, el narcotráfico.

Como se recordará la Ley 1008 establecía un límite de cultivos de hoja de coca de 12.000, pero en los últimos años esta subió a más de 20.000 hectáreas y hasta se encontró plantaciones en áreas protegidas.

OBSERVACIONES

También hubo observaciones a la norma aprobada, ya que parecía ser más dura que la Ley 1008, al establecer la detención e incautación de bienes privados de comprobar que el propietario o los choferes prestaban servicios a una persona ligada al narcotráfico.

En su momento, las autoridades aclararon el tema, pero la mayoría de la población todavía mantiene dudas sobre la medida, que están temerosos de que sean apresados por alquilar o prestar sus servicios a una persona, sin saber si está o no ligada al narcotráfico.