Gobierno fija plazos y posterga acciones legales

En las últimas semanas se presentaron varias denuncias contra la empresa Corsán Corvian, filial de la española Insolux Corsán; la cual fue acusada de abandonar proyectos viales y de generación eléctrica, valorados en cerca de $us 600 millones. Sobre este caso, las autoridades de Gobierno se limitaron a otorgar plazos para que la misma retome las obras de los proyectos. La ABC fijó hasta mediados de este mes para que reanude sus operaciones.

En días precedentes, estas denuncias se hicieron públicas y llegaron a la prensa de parte empresas subcontratistas afectadas, sin embargo, no se conocieron acciones legales que correspondan. De acuerdo con estas últimas, los campamentos fueron abandonados y sus oficinas en la sede de Gobierno estarían cerradas.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, expresó la semana pasada su preocupación y dijo hace unos días en una entrevista en televisión, que antes de tomar una decisión consultará el caso a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para ofrecer una opinión al respecto.

Los proyectos comprometidos son la hidroeléctrica de Miguillas, carretera de San Buenaventura-Ixiamas, y ayer salió otra denuncia sobre la misma actitud asumida por la firma en la vía Quiquibey – Yucumo, de acuerdo con declaraciones del diputado de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez.

La semana pasada, el alcalde de San Buenaventura, Javier Delgado, denunció que la constructora española abandonó la región sin mayor explicación dejando la carretera a Ixiamas con 30% de avance y millonarias deudas por pagar a los proveedores de maquinaria y servicios.