Hace meses el gobierno propuso, para disminuir la retardación de justicia en Bolivia, el cobro de una multa para los abogados que falten a las audiencias.
Y es que seguramente una de las principales causas para la retardación de justicia en Bolivia, para que no puedan instalarse las audiencias, es la falta de los abogados, jueces, fiscales, partes o como se dio en el caso insólito del bebé Alexander, donde faltó el secretario. Todo esto lleva en la mayoría de los casos a las “chicanas jurídicas”.
Generalmente las faltas se respaldan con el uso y abuso de los “certificados médicos”. Se debería dar por válido un certificado médico solo si existe “internación de la persona en un centro hospitalario”, no cuando se halla libremente caminando.
Aprovechando que se revisa el Código de Procedimiento Penal en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, se debería plantear el cobro, digamos de una multa de 800 bolivianos a todo abogado, juez, fiscal e inclusive parte que no asista, en forma injustificada, a una audiencia y ese dinero debería ir en forma inmediata, para la parte que asista a la audiencia. El dinero debería ser cancelado antes de ser instalada la próxima audiencia, para lo cual se debería crear medidas coercitivas como la destitución inmediata en caso de no pago del juez y fiscal, declaración en rebeldía para la parte que no pague y retiro de licencia momentánea (manejo de base de datos por Internet) para el abogado impago.
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