Iglesia denuncia discriminación

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana denunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional al no convocar a los representantes de las iglesias para ser partícipes sobre el tema del aborto, incurre en una posición de discriminación.

El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Fuentes Cano, denunció de discriminación a las diferentes iglesias del país y, por ende, a la mayoría de los bolivianos, que en una cantidad considerable son creyentes de diferentes iglesias.

Manifestó que la Iglesia Católica al momento de emitir opiniones lo realiza desde el punto de vista de la razón y no solo de la fe, con un lenguaje que no sólo lo entiendan los cristianos, que evoca a la razón, a la ética, a lo jurídico y hasta la ciencia.

Además, mencionó que desde el tema científico ya se escuchó la posición del Colegio Médico, actores principales, profesionales en salud, quienes son los que deben practicar el hecho.

Cito el ejemplo de “Poncio Pilatos, quien dio la orden de matar a Jesús y el que lo mató fue un pobre soldado, quien le clavo la mano a la cruz, al final son los médicos quienes deben ejecutar, por lo que es importante conocer y escuchar la opinión de médicos”.

“(Apartar a grupos por ser religiosos) me parece asombroso y un acto de discriminación”, expresó. A raíz de ello, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana emitió un comunicado a título de “Discriminación por Religión”.

En el mismo se cita al Artículo 4, de la Constitución Política del Estado, donde indica que “el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.

Además de indicar que la Iglesia Católica en Bolivia y en todo el mundo aporta al debate público con argumentos racionales, reflexiones éticas, criterios jurídicos y datos científicos, sobre temas relacionados a la vida y a la convivencia humana, que pueden ser contrastados y dialogados con los que no comparten fe alguna.

Para finalizar expresaron que el Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos.