Sigue el contrabando de automotores usados

Pese a declaraciones de las autoridades en sentido de solucionar el problema de la entrada ilegal al país de automotores usados, persiste este negocio ilegal; muchas veces, la presidenta de la Aduana ha sostenido “hacerse muy difícil el control y evitar el ingreso de vehículos; que hay una especie de manía por permitirse semejante actividad”; pero, la realidad es que ni las autoridades nacionales ni la aduana y menos gobernaciones han hecho algo por frenar negocio tan perjudicial para la moral y la economía nacional.

El ingreso de automotores de toda marca y calidad se ha hecho una costumbre en el país y son muchos los puestos fronterizos que se han abierto totalmente para dicho ingreso que, además, es fuente de corrupción para empleados que están puestos para evitarlos y hasta muchos miembros policiales y del ejército que seguramente caen en las redes de los empresarios del contrabando que, contraviniendo toda norma, ejercen el vil negocio que irroga serios perjuicios al país.

Desde hace muchos años, la permisividad para este delito ha crecido imparablemente y en la mayoría de los casos, parecería que se da facilidades para el ingreso ilegal, porque cuando se producen “nacionalizaciones” (como mal dicen las autoridades) en lugar de “legalizaciones” (que es lo que hacen funcionarios de aduana y de la Renta), el “negocio” beneficia a las partes, tanto para el que infringe las normas como para las arcas del Estado que recibe, aunque disminuidas, las sumas correspondientes a impuestos y derechos de importación que se cobra. De este modo, las facilidades otorgadas por las autoridades incentivan para que surjan más ciudadanos que desean “hacerse de un coche” pagando pocos impuestos y escasos derechos, tan solo después de “cancelar una pequeña multa”. Así el “ahorro” es significativo para quien ha obrado contra las leyes y atentado contra el país.

El término de “chutos” se ha generalizado hasta en las autoridades que así llaman a los vehículos ingresados por la vía del contrabando que, resulta beneficioso para todos y se hace “medio imprescindible para adquirir cualquier vehículo así sea muy caro y tenga antigüedad de un año o sea nuevo”. Esta es realidad que se vive a diario.

Las autoridades, tanto del gobierno como de las aduanas y de la policía hacen “la vista gorda” ante este grave problema que afecta muy seriamente a la moral pública y complota contra los intereses nacionales; así, con este tipo de procedimientos, las leyes siempre serán vulneradas. El gobierno, por propia moral y responsabilidad, debería poner coto a este grave delito y, por supuesto, hacerlo de manera contundente contra todo contrabando no solamente de mercadería o vehículos internados al país, sino con todo lo que sale por nuestras fronteras, que no tiene ninguna vigilancia por parte de las fuerzas armadas.