Chapetón observa proyecto de control a venta de ropa usada

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, criticó ayer la intención del Gobierno de traspasar, a través de un decreto supremo, la responsabilidad de controlar la venta de ropa y mercadería usada en los municipios.

La autoridad justificó su declaración aduciendo que ningún decreto supremo puede estar por encima de la Ley de Municipalidades.

PROYECTO

Cabe destacar que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que asigna a los municipios la responsabilidad de “controlar, impedir y sancionar” la comercialización de las mercancías usadas, en sus respectivas jurisdicciones, con la finalidad de incentivar la producción nacional.

En ese contexto, la Alcaldesa recordó a las autoridades nacionales que los municipios cuentan con una ley que establece cuáles son sus competencias y responsabilidades. “Un decreto supremo no puede estar por encima de la Ley de Municipalidades, que es el marco legal de nuestras competencias”, advirtió la autoridad.

Sostuvo que si las autoridades nacionales quieren darle a los municipios nuevas responsabilidades, también tienen que hacer modificaciones en esta Ley de Municipalidades, identificar claramente cuáles serían sus nuevas funciones, además, designar los recursos económicos necesarios para su aplicabilidad.

“Quienes son responsables de cuidar las fronteras, de precautelar la producción nacional, (…) es el Gobierno, no puede ser que ellos deslinden sus responsabilidades. Engañando a la población con esta decisión de generar una norma que no debería estar por encima de la Ley de municipalidades”, añadió la autoridad.

INFORMES

Manifestó que el Gobierno debería generar informes sobre los trabajos que se desarrollan en las fronteras y en las aduanas, frente a las importaciones que tiene el país.

“No sólo en la ciudad de El Alto existe comercio, hay muchas ciudades que tienen la presencia de mercadería. La gente trabaja de la venta de estos insumos para subsistir. En ese sentido existe una responsabilidad constitucional que es el cuidado de las fronteras, y que está en manos del gobierno”, explicó.

Dijo que con la aplicación de la norma, lo que se pretende es deslindar responsabilidades del Gobierno central y asignar esa labor a los municipios. “Si quieren delegar otros trabajos, también deben delegar nuevos recursos para poder cumplir. Porque implica hacer seguimiento, contratación de personal y varios otros aspectos”, finalizó.