El público al servicio de los servicios públicos

Este título enrevesado quiere llamar la atención sobre una situación reiterativa. Ser cliente, usuario, peatón y ciudadano es un verdadero infortunio. Aquí el cliente, el usuario y el ciudadano agradecen al taxista, al dependiente de la tienda o al empleado público, quienes contemplan desde arriba, displicentes y autosatisfechos, a los pobres súbditos, a quienes acaban de hacer la merced de un generoso favor. El Estado, las grandes empresas de electricidad, teléfonos y agua, las tiendas y los transportes públicos no están al servicio del ciudadano, del usuario y del cliente, sino que éstos están al servicio de estas instituciones. Esta constelación se agrava a causa del carácter autoritario de la sociedad boliviana. Innumerables ciudadanos de este país creen tener razón por derecho divino. Desde los plomeros hasta los políticos, desde los conductores de automóvil hasta los médicos: todos se arrogan el monopolio de la verdad, casi nunca admiten una equivocación y no indemnizan a sus víctimas por sus errores.

Esta inferioridad innata del ciudadano frente a la organización, por más pequeña que ésta sea, tiene su fundamento y su justificación en la dignidad ontológica inferior del individuo con respecto a la colectividad. Contra esta tesis se puede alegar que los bolivianos de casi todos los estratos sociales y ámbitos geográficos se distinguen por un acendrado individualismo: defienden con garras y uñas su propiedad, negocio y herencia, perjudican al prójimo con tal de obtener pequeñas ventajas personales, descuidan casi deliberadamente los asuntos comunales y no contribuyen a un espíritu cívico de ayuda mutua. En la prosaica vida cotidiana éstas son asimismo las pautas normativas de comportamiento de los estratos de origen indígena, pese a la propaganda en sentido contrario de pensadores indianistas y descolonizadores. Este conjunto de actitudes no conforma, empero, un genuino individualismo liberal, tolerante y esclarecido, sino una defensa bastante primitiva de sujetos que tienen algo que perder. Es una postura que se niega a reconocer méritos y logros individuales; denigra a los que realmente se destacan y trata de nivelizar a todo el grupo social para que el talento auténtico no pueda surgir.

Este carácter en el fondo colectivista se manifiesta, por ejemplo, en el poco valor atribuido a la vida de las personas concretas. En las calles y carreteras ocurren a menudo terribles accidentes, pero los responsables no son castigados y las causas y las circunstancias de estos percances no son investigadas. Se tomará medidas serias recién cuando una de estas contingencias signifique una hecatombe con miles de muertos. La colectividad boliviana premia todavía el acomodo fácil y la integración al modo de vida prevaleciente, y rechaza al disidente, al que piensa y obra de modo autónomo, al que se desvía del grupo y al que exhibe espíritu crítico. Está mal visto que alguien desapruebe el ruido de las calles, las alarmas desbocadas de los vehículos y la falta de estética pública. El que censura los cables eléctricos y telefónicos por encima de las calles, el desportillado aspecto exterior de las construcciones y las aceras, el poco amor por el detalle y los acabados en cualquier trabajo, resulta un extraño, un extranjero, un desadaptado. El cultivo de sutilezas no es precisamente el fuerte de la nación boliviana, y por ello no hay una tradición científica.

Durante la era colonial la administración estatal desconocía una vocación de servicio a la comunidad. Ni las normas legales ni las prácticas consuetudinarias preveían algo así como prestaciones de servicios a favor del público, a las cuales la burocracia hubiera estado obligada por ley. El “vuélvase mañana” era entonces algo común y corriente para conseguir un pequeño soborno. Las actuaciones de la administración colonial eran más bien actos de gracia, que dependían a menudo del buen parecer del funcionario en cuestión. Esto conllevaba el uso abusivo y permanente de poderes discrecionales, lo que significó en la realidad una dilatada corrupción estructural. Los actos de gracia del Estado a favor de los súbditos debían ser respondidos con un profundo agradecimiento de parte de éstos últimos, especialmente en forma pecuniaria.

Algunos elementos de esta tradición han perdurado hasta hoy. Por ejemplo: si la administración pública y el Poder Judicial cometen errores, rara vez los admiten como tales, aunque se trate de una práctica repetitiva. El pobre ciudadano tiene que preocuparse de enmendarlos ante funcionarios altaneros y mal instruidos que nunca se imaginan que pueden equivocarse. Es el ciudadano -o mejor dicho: el súbdito- el que con infinita paciencia tiene que correr con todos los costos de la corrección. En general la burocracia estatal no indemniza a los perjudicados por el daño causado y menos por la pérdida de tiempo. Pese a disposiciones legales existentes, las actuaciones de los funcionarios públicos no pueden ser sometidas efectivamente a un control judicial accesible al ciudadano común. Si en una repartición pública alguien protesta enérgicamente dentro del marco legal reclamando por la vulneración de sus derechos, el ciudadano lleva las de perder. Lo curioso reside en el hecho de que la sociedad boliviana quiere modernizarse de modo acelerado, pero ningún sector social importante exige la simplificación (o anulación) de los engorrosos trámites y una administración pública que reconozca y enmiende sus errores.