Por la democracia y la justicia

La novedad política de la semana ha sido la unión de los sectores democráticos, tanto políticos como sociales, para hacer causa común en defensa de este principio primigenio de vida y también de la justicia, que es la pirámide de la defensa de los derechos y las creencias grupales e individuales.

De inicio, corresponde aplaudir el gesto de los partidos y de las organizaciones que disienten con los comportamientos discriminatorios e ilegales del oficialismo. Al mismo tiempo, tiene que ser una demostración de desprendimientos partidistas en aras de una convivencia civilizada de los bolivianos.

Cada quien tiene derecho a optar por lo que considere más pertinente para vivir en sociedad, sobre la base del respeto a los demás y elegir sus mejores conveniencias en cuanto a vivir en paz y en uso pleno de sus facultades de elegir en lo que cree y prefiere.

Pero estas posibilidades siempre están sujetas a la plena vigencia de la democracia, de lo contrario no tendrían lugar a manifestarse y menos a ponerlas en práctica personal y/o colectiva.

La Declaración Conjunta deberá constituirse en el mayor instrumento de aplicación en el país, pues tiene pleno correlato con la Constitución Política del Estado que se halla en vigencia.

Hay que considerar, entonces, que la Declaración Conjunta renueva compromisos y comportamientos, por lo que, a la postre, pasará a constituirse en un documento histórico del país, pues renueva el contrapeso que debe tener la actual gestión gubernamental, que en sus once años de vigencia ha dado claros indicadores de que es anti-democrático.

Su accionar lo atribuye a ser intérprete del sentir de los movimientos sociales, pero tampoco éstos reconocen que ello sea efectivo. Con frecuencia formulan sus propios planteamientos, que no siempre son coincidentes con el accionar del oficialismo.

De ahí que los expertos en doctrina política le atribuyen al actual gobierno actuar al margen de toda concepción doctrinaria de este orden, por lo que le desconocen una determinada legitimidad política.

En este orden, la Declaración Conjunta resume la concepción que le confieren al régimen en estos términos: “La conquista de la democracia y la justicia fueron y son una permanente lucha histórica en la que el pueblo boliviano dio muestras inequívocas de tenacidad, sacrificio y heroísmo. Por ello, cualquier acción destinada a alterar o sustituir la voluntad soberana del pueblo, tanto en la conformación de los órganos del Estado -Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral- como en la construcción de los valores y derechos inherentes a la democracia, es un atentado contra esa soberanía”.

En otros párrafos incide en mayores detalles al respecto, por lo que se erige en un documento de trascendencia histórica, como queda dicho. En adelante, la cuestión es que aparte de concitar la adhesión ciudadana, tal vez sea conveniente que también se elabore un documento en el que se formule una propuesta que sirva de plataforma de lucha del pueblo boliviano.

Al presente, la demanda que seguramente existe en la ciudadanía es disponer también de un programa que recoja las exigencias de este tiempo nuevo y que se perfile como la perspectiva de futuro.

Esta es la primera vez que, en los últimos once años, partidos y organizaciones sociales resuelven hacer un pronunciamiento conjunto.