• FAM espera conocer si el Gobierno adicionará presupuesto a los municipios a fin de lograr cubrir el pago del bono. • Amdepaz espera reunión con Gobierno central para trabajar en nuevos mecanismos para de generación de recursos económicos que no afecten a los municipios.
La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) se reunirá el 19 de abril en Santa Cruz para analizar varios aspectos como el bono para las personas con discapacidad que las Alcaldías deberán pagar tras la aprobación de la Ley de Inserción Laboral para este sector, informó la delegada de la entidad ante la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, Gabriela Niño de Guzmán.
“El 19 de abril tenemos una reunión de todos los alcaldes de las 10 capitales del país (incluyendo la ciudad de El Alto) Ese días vamos a tener más claridad sobre cuál va ser la posición de los municipios de las ciudades capitales sobre el pago del bono”, declaró a EL DIARIO.
La representante afirmó también que la reunión será para brindar un informe sobre el avance de los trabajos de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.
De acuerdo a Niño de Guzmán, un bono para las personas con discapacidad es justo, porque se trata de una demanda por la cual ellos lucharon en el 2016, año en que exigieron al Gobierno de Evo Morales el pago de aquel presupuesto.
Las personas con discapacidad llegaron desde distintas regiones del país, el 25 de abril de 2016 marchando 35 días hasta la ciudad de La Paz donde pidieron reunirse con el presidente Morales, quien envió a sus colaboradores para escuchar sus demandas.
El pedido principal de las personas discapacitadas era la otorgación de un bono de 500 Bs. En plena negociación señalaron que el monto podría ser negociado, sin embargo, el Gobierno negó la posibilidad de darles ese beneficio económico.
La negativa propició una suerte de movilizaciones y protestas callejeras en la ciudad de La Paz, capital política del país donde la Policía prácticamente delimitó con rejas el ingreso a la plaza Murillo. Al otro lado del muro metálico en todas las calles de ingreso a “kilómetro cero” permanecieron en sus carpas las personas con discapacidad.
El hecho, por la violencia con que efectivos policiales reprimieron con gases y agua a las personas en sillas de ruedas y muletas, llamó la atención de medios internacionales y el pedido de organismos como la ONUque demandó respeto a los derechos humanos, sin embargo, nada cambió y el bono de 500 bolivianos se quedó en una simple demanda.
LEY DE 2017
En el febrero de 2017, el presidente Morales presentó un proyecto de ley de inserción laboral para las personas con discapacidad con el objetivo de incluir a al menos 10.000 de ellos en oficinas públicas y privadas.
Además en el documento presentado por la Primera Autoridad, se señalaba que son los municipios quienes deben hacer el pago de un bono de Bs 250 para las personas con discapacidad grave o muy grave.
Para Niño de Guzmán, la entrega del bono es importante pero observó que el Gobierno no haya realizado las respectivas consultas con los municipios, quienes elaboran planes y realizan ajustes económicos para ejecutar los proyectos regionales.
Señaló que no se puede continuar con una política de hacer compromisos y luego recurrir a los municipios para cubrir esos recursos.
“El Gobierno central antes de tomar una determinación debió reunirse con los municipios, porque esos recursos, al destinar un bono, se tiene que recortar de otras actividades y creo que lo correcto y lo respetuoso debería ser que el Gobierno antes de tomar una decisión se reúna con los municipios”, sostuvo.
Añadió que el Gobierno de Evo Morales no debería disponer directamente de los recursos de las entidades territoriales autónomas, como lo son en este caso los municipios, sin que los alcaldes hayan conocido el proyecto de Ley.
CENSO
Asimismo, exigió al Gobierno brindar una información exacta sobre e número de personas con discapacidad.
“No tenemos información sobre exactamente cuántos discapacitados son (…) tememos que cualquier monto sea insuficiente cubrir todo lo que pueda venir y el Gobierno debería darnos una respuesta muy clara respecto a los límites, al registro”, añadió.
REUNIÓN
En febrero de este año, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, se reunió con dirigentes de las personas con discapacidad para tratar el tema de la propuesta gubernamental.
En la oportunidad Revilla pidió al Gobierno central transfiera a las alcaldías los 40 millones de bolivianos anuales destinados exclusivamente para proyectos a favor de personas con discapacidad para que desde los municipios se impulsen las estrategias y el pago del bono para el sector.
Planteó la elaboración de una norma municipal de beneficios para las personas con discapacidad y resaltó la importancia de elaborar un censo del sector a fin de establecer datos precisos para determinar la cantidad de personas con discapacidad existentes en el municipio de La Paz, además los datos permitirán conocer los grados de discapacidad y la cantidad.
En ese entonces, la representante del Consejo Ciudadano de la Persona con Discapacidad, Tomasa Portugal, manifestó su predisposición de coadyuvar en llevar delante un censo a nivel local.
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