• Viajaron por su cuenta y están preocupados por la situación física y emocional de sus seres queridos que están presos desde hace casi un mes, mientras la justicia chilena se niega a darles libertad.
Los familiares de los bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio en Tarapacá, llegan hasta Chile para visitar a sus seres queridos que se encuentran privados de libertad desde hace casi un mes por la justicia chilena por desarrollar trabajos de lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Constancio Quenallata, padre de uno de los nueve bolivianos detenidos, informó a EL DIARIO que su esposa y su hija, junto a otros familiares, viajaron hasta Chile, hoy irán hasta el Alto Hospicio para conocer el estado de salud y situación de su hijo y los otros ocho.
“El viernes al mediodía viajaron hasta Chile, hoy (ayer) sábado están haciendo compras para llevar el domingo al Alto Hospicio (…) Estamos preocupados, de mi hijo está ahí”, declaró.
Los familiares viajaron con propios recursos hasta Chile preocupados por la salud de sus seres queridos; sin embargo, tienen esperanza en que el problema de una vez pueda esclarecerse, de ese modo, quedar libres los nueve bolivianos, que desde el 22 de marzo cumplen una detención preventiva en Chile dictada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte del vecino país. Fueron acusados de robo, tenencia de armas prohibidas y contrabando.
El 11 de abril (martes), el procurador general del Estado, Pablo Menacho, presentó ante la Corte de Apelaciones de Iquique, un recurso de amparo constitucional para liberar a los nueve bolivianos.
Sin embargo, dos días después, el jueves se conoció que la Corte de Apelaciones rechazó el documento arguyendo que los acusados habrían cometido delitos de robo con intimidación y violencia, además de porte y tenencia de armas prohibidas e incurrieron en contrabando.
Menacho anteriormente dijo que si el amparo era rechazado, entonces 24 horas después se iba a presentar una apelación a la Corte Suprema de Chile.
El Defensor del Pueblo, David Tezanos quien acompañó al procurador general del Estado, Pablo Menacho catalogó el caso de los connacionales como una persecución penal por parte del Gobierno de Chile.
En declaraciones a EL DIARIO, Tezanos añadió la detención preventiva debe ser suspendida y que se deben establecer soluciones jurídicas puesto que los nueve bolivianos no cometieron un delito, sino más bien, desempeñaban acciones de lucha contra el contrabando.
En tanto, el exdefensor del Pueblo, además de actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, señaló que los compatriotas se encuentran sometidos a una indefensión lo cual es peligroso porque con ello se demuestra que la justicia chilena estaría sometida al poder gubernamental.
ANTECEDENTES
El 19 de marzo, dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional fueron detenidos por carabineros chilenos cerca de la frontera entre ambos países. Los nueve bolivianos realizaban un operativo de lucha contra el contrabando.
La justicia chilena arguyó que los acusados habrían cometido delitos de robo con intimidación y violencia, además de porte y tenencia de armas prohibidas e incurrieron en contrabando, aspecto que fue duramente cuestionado por el Gobierno boliviano, por lo cual determinaron seguir acciones judiciales y diplomáticas.
El 22 de marzo, se definió en Chile su detención preventiva por 120 días, plazo para una investigación de los hechos.
Todo este hecho se sucedieron días previos cuando Bolivia debía presentar el documento de la Réplica de la demanda marítima contra Chile, juicio que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Con los bolivianos presos mientras el canciller Fernando Huanacuni entregaba el documento, la tensión se elevó más entre La Paz y La Moneda al punto que la propia presidenta de Chile, Michelle Bachelet, salió a luz pública a asegurar que los bolivianos detenidos eran ladrones y que pretendían robarse 9 camiones.
Sin embargo, el hecho no quedó ahí, ya que días después con afán de hacer la cobertura periodística del hecho, un equipo de Televisión boliviana se trasladó hasta Iquique, Chile, donde no les permitieron ejercer sus labores. A la periodista la obligaron a firmar un compromiso de que no haría periodismo y al camarógrafo lo devolvieron a Bolivia. Dos días después un grupo de periodistas bolivianos también sufrió agresiones en suelo chileno. Este hecho fue denunciado ante instancias internacionales.
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