Se dicta primera sentencia por delito de proxenetismo

La justicia boliviana, logró la primera sentencia por el delito de proxenetismo con nueve años de cárcel para Romer Iraizos de 25 años, un exfuncionario de la Alcaldía de Quillacollo, cuya víctima era su sobrina, una menor de edad de 17 año, según informó el fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera.

La Fiscalía Corporativa de Atención Especializada a Víctimas de Violencia (Fepav), a cargo del caso, obtuvo nueve años de cárcel para Iraizos, por el delito de Proxenetismo, condena dictada en audiencia realizada en el Tribunal Segundo de Sentencia de Quillacollo, instancia donde el Ministerio Público presentó los elementos que prueban la comisión del delito acusado.

“El trabajo responsable desarrollado por la Fepav, representada por la fiscal Cynthia Prado, hizo posible que Iraizos sea condenado y cumpla su pena de nueve años de privación de libertad en el Penal El Abra en Cochabamba”, señaló.

Por su lado, la fiscal Prado, detalló que el caso inició en septiembre de 2015 cuando la menor huyó de su hogar y estuvo desaparecida por cinco meses en los cuales la madre continuó la búsqueda hasta que por información de otros familiares y vecinos se enteró de que su hija se encontraba trabajando en el lenocinio “Las Nenas Bellas”, ubicado frente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en Quillacollo, local que funcionaba las 24 horas del día.

La menor fue rescatada en un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Felcv y la Defensoría de la Niñez, y el 4 de enero de 2016, Iraizos, primo de la madre de la víctima fue imputado el delito para luego ser sometido a juicio oral y contradictorio, donde ante la gran cantidad de las pruebas el Tribunal determinó la condena.

Prado, pese a contar con la satisfacción de haber logrado la primera sentencia por el delito de proxenetismo en Bolivia, expuso su pesar por varios aspectos entorno de este caso que para ella principalmente, refleja la cruda realidad en la que vive nuestra sociedad, considerando estas conductas como comunes y no les presta importancia.

Pero que luego de la sentencia espera que la población pueda reflexionar sobre la gravedad de los mismos, más aún cuando los explotadores sexuales son familiares.

En el proceso, Prado, afirma que incluso la menor huyó del refugio donde fue acogida y en varias de sus declaraciones defendió al acusado, síntoma clásico del trauma psicológico de este tipo de casos donde a las menores, asumen la defensa de sus opresores.

Dentro de la investigación, se estableció que Iraizos, como funcionario público en la dirección de “Parques y Jardines” de la Alcaldía de Quillacollo, tenía trabajando a su sobria en los cinco meses que estuvo desaparecida y que cuando tuvo contacto con la madre le pidió dinero para “encontrarla”, a lo que la madre no accedió por la falta de dinero.

En ese lapso, en el lenocinio registrado a nombre de Iraizos, la joven era ofrecida como “la recién llegada o la más joven” a los clientes. Prado lamento también que pese a la gravedad del delito, el municipio no haya formado parte acusadora.

De acuerdo con Vera, la investigación en este caso, se constituye en la primera sentencia condenatoria en el país contra personas que aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas menores, lucran con sus cuerpos, sometiéndolas al trabajo sexual.

“La importancia de esta condena radica en el desarrollo alcanzado por los administradores de justicia que adquieren la convicción para considerar este tipo de delitos como atentatorios al orden social y de grave violación a los derechos humanos de las menores”, sostuvo el Fiscal Departamental de Cochabamba.

Vera lamentó que en la sociedad se haya hecho costumbre o naturalizado la prostitución de menores a manos de proxenetas, “chulos”, “cafisos” o de sus propios parientes como en este caso.

En este tipo de delito existe penalidad tanto para el que lucra con la integridad sexual de las menores como para el que consume prostitución.

“El Ministerio Publico compromete sus mejores recursos a fin de que estos hechos no queden en la impunidad pese a que las víctimas se muestran reticentes por el temor y adecuación a sus explotadores y las instituciones son reacias a perseguir de oficio hasta alcanzar sanciones, peor cuando los proxenetas como en este caso son funcionarios públicos”, finalizó Vera.