Presiones del Ministerio de Trabajo y sindicatos

Los empresarios privados muestran preocupación por las presiones que ejercen tanto el Ministerio de Trabajo como los dirigentes sindicales para que se adopte medidas y se tenga en cuenta solamente los intereses del sector laboral. Indicaron al gobierno que este tipo de políticas los perjudica y, sobre todo, impiden el desarrollo de toda actividad privada porque “trabajar bajo presión o con medidas de coerción es restar eficiencia, eficacia y solidez a la producción”.

La Confederación de Empresarios Privados indicó: “los empresarios privados sufren métodos coercitivos por parte de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo para que el sector privado garantice estabilidad laboral que, en todo caso, debe ser efecto de la estabilidad empresarial, de la producción, del crecimiento del sector y sobre todo del desarrollo económico del país”.

Exigir que los empresarios cumplan con funciones que primigeniamente deben ser cumplidas por las autoridades que garanticen la estabilidad económica y por ende la seguridad y tranquilidad productiva; exigir que “se cumplan” labores para que las empresas garanticen lo que corresponde a resultados económicos, productivos y laborales del país, no corresponde.

Teniendo en cuenta que los índices de productividad en el país son los más bajos del continente y, además, sabiendo que ello no permite una competitividad para ingresar en campos iguales con la producción extranjera mientras no hayan condiciones en el país para una buena marcha de la economía a través de lo que dispongan las autoridades para que el capital privado trabaje y produzca en planos de tranquilidad y con un sistema jurídico serio, responsable y conforme a los cánones de la justicia y el debido equilibrio entre capital y trabajo, será imposible salir de la crisis económica y, mucho menos, para que el sector privado pueda invertir para generar más riqueza y dar lugar a mayor empleo.

La verdad es que el país no puede estar sujeto a que las autoridades apliquen las leyes solamente a favor de un sector, sea empresarial o laboral; en todo caso, tiene que haber un equilibrio amplio y constructivo; lo contrario implica anarquizar el trabajo y reducir sustancialmente los índices de producción dando, como consecuencia, la imposibilidad de que las empresas cumplan debidamente con sus obligaciones de sueldos, salarios, beneficios sociales y aportes para la salud y otros a que están obligadas y que, muchas veces, cumplen con dificultad por carencia de medios.

El gobierno, por su propia responsabilidad, debe actuar de consuno con las leyes y no parcializarse en forma alguna con ningún sector, salvo que sea en beneficio general y acordando entre partes lo que mejor convenga.