Al menos ocho niños fueron maltratados en albergues y centros transitorios de acogida, tanto de la Alcaldía como de la Gobernación de La Paz, según denuncias de la Asambleísta Departamental Elizabeth Morales y de la directora de las Defensorías Municipales, Consuelo Torres.
Dos casos ocurridos de abuso sexual a menores del albergue Transitorio Bicentenario, ubicado en Mallasa, entraron en proceso de investigación, ya que se desconoce el lugar donde ocurrió este hecho. De igual forma, son seis casos de menores que fallecieron en el Centro de Acogida para Personas con Discapacidad Intelectual, Psíquica y Múltiple (IDAI), de los cuales se desconoce las causas y no se realiza una investigación.
La directora de las Defensorías Municipales aseguró que el caso de los dos menores que habrían sido víctimas de abuso sexual están siendo investigados por el Ministerio Público, desde el momento que la madrastra denunció el hecho a la Defensoría.
ABUSO SEXUAL
“Los niños egresaron del albergue hace un mes y medio, sin embargo, el miércoles se presentó la madrasta señalando que fueron posibles víctimas de abuso sexual. Frente a esta vulneración de derechos y de acuerdo al artículo 188 (Ley 548 Niño, Niñas y Adolescente), la Defensoría tiene la obligación de realizar la investigación y poner en conocimiento de la instancia judicial competente” expresó Torres.
Agregó que en ese asunto se realizó a los niños el abordaje psicológico y se hizo el requerimiento al Instituto Médico Forense para que se haga la valoración de los menores. Con los dos instrumentos se realizó denuncia formal ante Ministerio Público el pasado 13 de abril. Los menores provienen de una familia disfuncional, donde existen denuncias de maltrato.
ASAMBLEÍSTA DEPARTAMENTAL
Por su parte, la asambleísta departamental Elizabeth Morales informó que fallecieron la gestión pasada seis menores en el Centro de Acogida para Personas con Discapacidad Intelectual, Psíquica y Múltiple (IDAI), dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), los cuales no fueron investigados y quedaron impunes, por lo que convocaron al gobernador Félix Patzi, a una interpelación, para que responda sobre lo ocurrido en este asunto, que es de su competencia.
“En el marco de nuestras atribuciones, como Comisión Jurídica, hemos convocado al gobernador Félix Patzi, para que realice un informe oral sobre los seis menores fallecidos el año 2016; sin embargo, hasta la fecha nos ha respondido con una nota indicando que la asamblea no cuenta con esas atribuciones. Nosotros denunciamos que el Gobernador proceda con esa actitud de indiferencia, queremos que responda al pueblo, por lo que nosotros hemos decidido convocarlo a una interpelación” explicó la asambleísta departamental Morales.
Explicó que en el año 2016 se registraron seis fallecimientos en el IDAI, en circunstancias extrañas, tres de ellos, por ejemplo, fueron por broncoaspiración y de los otros casos se desconocen las causas de los decesos. “Es una dato preocupante y es por eso que consideramos que el personal que trabaja en esa dependencia no es el adecuado”.
SIN INVESTIGACIÓN
Resaltó la asambleísta que llamó la atención de la autoridad departamental por lo que no hubo una investigación de las causas de las muertes de los menores, ya que los certificados de defunción son extendidos por el médico dependiente de la misma institución. Sin embargo, comentó que cuando falleció el bebé Alexander, hasta la misma autoridad fue llamada a rendir declaraciones, por lo que consideró que en esta oportunidad se haga lo mismo, ya que, son seis los fallecidos.
“Los niños mueren, los entierran y sus certificados de defunción señalan que se trata de una muerte natural, cuando lo correcto es que se llame a la Policía para que levante una investigación. Consideramos que esta situación es irregular y que tiene que ser investigada”, argumentó la autoridad.
Asimismo, informó que realizó inspecciones sorpresa al Centro de Acogida para Personas con Discapacidad Intelectual, Psíquica y Múltiple (IDAI), que alberga menores de 0 a 12 años, en compañía de dos juezas de la Niñez y Adolescencia, donde pudo corroborar que cada tres meses cambian de personal, no permitiendo que los niños tengan confianza con sus cuidadoras.
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