Control de ropa usada generará conflicto social

El concejal edil representante del Movimiento al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, y el legislador de Unidad Nacional (UN), Oscar Huanca, coincidieron al afirmar que el nuevo proyecto del Gobierno para el control de ropa usada generará un conflicto social si dicha normativa no está acompañada de planes para la creación de centros productivos y la expansión de mercados externos.

MANUFACTUREROS

El concejal Angulo aseguró que comercializadores de ropa usada instalados en la feria de la zona 16 de julio, debieran pasar al rubro de la manufactura. Pese al fracaso de la empresa Enatex, la autoridad municipal sostuvo que “ellos deberían ser quienes lleguen a producir la ropa que quieren vender y para eso el Gobierno está predispuesto a colaborar, si bien a un principio costará, es momento tomar conciencia para no depender de los que llega de afuera y se tienen que ver el bien común de la población, en ese aspecto se puede apoyar económicamente”, añadió.

“Uno de los pilares del trabajo al 2015 es la industrialización de los recursos naturales, es por eso que estamos empeñados en que seamos nosotros quienes lleguemos a producir y consumir lo nuestro y se debe aplicar un control estricto en las fronteras para impedir la internacional del contrabando. En esta semana, por ejemplo, se cumple el DS 28761 y no debe entrar ninguna prenda usada”, recalcó Angulo.

CONTRABANDO

A su turno, Huanca explicó que es la Aduana Nacional la instancia que debía haber cumplido su tarea de controlar, decomisar y destruir la internación de ropa usada por contrabando, aspecto que no ha cumplido y, por el contrario, se ha incrementado cinco veces más los mercados y la internación de ropa usada vía contrabando.

El concejal confirmó que el Municipio de El Alto cumplirá la ley, por ser una norma nacional que le obliga a esta instancia a ejecutar su cumplimiento, sin embargo, exigió que, de la misma manera, se apliquen sanciones a las instancias correspondientes, por las responsabilidades que debieran tener otras entidades. “El Alto es la segunda ciudad más poblada del país, donde más se comercializa la ropa usada, por lo tanto, consideramos que el Gobierno debe destinar mayores recursos para las tareas de control, decomiso y destrucción”, indicó.

Pero al mismo tiempo demandó a las instancias de Gobierno invertir en la creación de industrias y la apertura de nuevos mercados, con la finalidad de que sectores del comercio de ropa usada puedan ser ubicados en otro ámbito de la producción y evitar dar toda la responsabilidad a los municipios, con cada vez menos recursos.

“Por todo ello, advertimos que esta ley no solo es producto de un fracaso, sino que, por la forma como está destinada, no solucionará el problema social creado por más de 250 mil comercializadores de ropa usada a nivel nacional”, indicó.

El concejal propone que en la próxima norma destinada a la prohibición de comercialización de ropa usada, debiera definirse la creación de un “Consejo Nacional de Lucha Contra la Ropa Usada”, donde se tome en cuenta la participación de los gobiernos departamentales y municipales para que cada quién cumpla sus roles de manera específica. Esta instancia nacional debe hacer su tarea de control y las otras instancias locales destinar proyectos de capacitación y controles, detalló.