Basta de discriminación, una nueva Ley de Pensiones

Es increíble que después de tantos reclamos de los trabajadores, de la cuasi quiebra del sistema de capitalización individual, casi en toda Latinoamérica, en Bolivia se siga sin entender que su Ley de Pensiones 065 no encaja en nuestro medio. La misma tiende a disminuir ostensiblemente los salarios de quienes desean jubilarse, llegando hasta un 40% del monto que recibía el trabajador cuando se encontraba en actividad. Este sistema es vergonzoso, ya que solo pretende llevar a los futuros jubilados a la miseria y podríamos decir a una muerte más rápida y no gozar del último privilegio que debería tener un jubilado. Esto en léxico común se llama forzar al genocidio.

Por lo visto, todavía el gobierno no se ha enterado de que en los países donde se aplicó la capitalización individual, están en serios apuros por presiones de los trabajadores, que exigen la anulación del sistema y se aplique uno que beneficie a los que pasan a la jubilación.

No se puede mantener a personas con edades que pasan cualquier cálculo elemental para trabajar en fábricas, magisterio, en cualquier repartición, ya que la dinámica en forma natural va disminuyendo, y a veces en perjuicio de ellos mismos, porque sobrepasan las edades mínimas que se requiere para jubilarse. Pero, ¿quién es el culpable para que este fenómeno suceda?, el propio gobierno, porque no se acepta las paupérrimas rentas fijadas en la actualidad.

Este problema crea otro fenómeno, el desempleo, porque se supone que los que se jubilan dejan espacios para que sean cubiertos por jóvenes en cualquier rama, o en la que se profesionalizaron. En Bolivia se titulan aproximadamente 120.000 personas de las universidades, solo como ejemplo, porque en otras actividades se tiene un número menor, y solo obtienen trabajo, aproximadamente, de 10.000 a 15.000 anualmente. Pero el gobierno no ha creado fuentes de trabajo, solo hace crecer la administración pública, copada por afines a su partido político. Por estas enormes fallas, para sobrevivir aparecen comerciantes, no importa cómo ni dónde; se agranda el contrabando y hasta podríamos decir que se llega a delinquir, pues para las familias el hambre no espera.

Una solución inmediata es crear una nueva Ley de Pensiones, donde participe el Estado como Estado y como Estado Patrón, la Empresa Privada y los propios trabajadores, lo que significaría volver a un sistema tripartito de aportes. La mejor forma de hacerlo es teniendo como base la acumulación de aportes en poder de las AFPs, sin embargo es dudoso que esos recursos se encuentren en esas entidades, ya que el gobierno está disponiendo de los recursos de los trabajadores; al margen de que anteriormente el Estado debía a las AFPs más de 3.000.000.000 de dólares, que se prestaron los gobiernos anteriores para cubrir rentas en curso de pago. Lo interesante es saber dónde está registrada esa deuda. Además ésta tenía, según el contrato, un interés del 5% anual, tendríamos que saber si abonaron ese interés.

Ahora bien, se dice que la Gestora iniciará sus actividades en el mes de julio, pero ¿quién fiscalizará a esa entidad?, ¿se tomó en cuenta a trabajadores en sus directorios?, ¿eso no significa que el gobierno actuará como juez y parte? Son preguntas que deben ser respondidas ante la sociedad.

Seguramente la Gestora iniciará su actividad dando plena vigencia a la Ley 065, documento completamente contrario a los intereses de los trabajadores. No olvidemos que ya se determinó Bs 3.200 como renta tope, similar con una disposición durante el gobierno del señor Carlos Mesa, que dispuso un tope de Bs 8.000, modificado por el gobierno del Dr. Eduardo Rodríguez, con centavos menos, reduciendo las rentas mayores, perjudicando a un 10% del total de rentistas de la época.

Este caso muy sui generis, aplicado a quienes se jubilaron con el sistema anterior (Senasir), produjo un sacudón serio, por ejemplo en el grupo de las FFAA, pese a tener una disposición que regulaba las rentas de este sector (Art. 115, de la LOFA); para ese objetivo se dispuso en el Decreto Supremo Nº 24.668, artículos 9 y 10, un porcentaje para la igualdad, medida que no se aplica, en detrimento e incumplimiento de la Ley Orgánica de las FFAA. Por tanto, a partir de esa medida, los jubilados militares están acumulados en un tope, dando la impresión de que todos tenían un mismo grado. Por este dato resulta que existen jubilados militares del Senasir y otros de las AFPs, discriminados, pese a disposiciones legales.

Asimismo, en una disposición expresada por el Ministerio de Defensa se ratifica que el sector militar debe dar cumplimiento al DS 25.620, para que todos los miembros de las FFAA que cumplan 35 años de servicio continuo, percibieran una renta igual al 100% del salario promedio de los tres últimos años.

¿Por qué el gobierno no dispone de un porcentaje similar para que los trabajadores tengan una renta acorde con los salarios percibidos en actividad?, de otra manera es muy notoria la discriminación. Lo correcto sería que esa organización militar maneje todo su sistema, sin crear segregación entre jubilados, y tiene las condiciones para este objeto. Este hecho daría lugar a que la población no sienta cierto resentimiento con sus Fuerzas Armadas.

Es el momento para que el gobierno piense en forma más sensata y coordine las ideas para que los trabajadores del país tengan un mismo trato. La regulación para esa aplicación no es difícil y se podría dar normas reales para una nueva Ley de pensiones.