Seguridad alimentaria

La definición conocida de este problema es: la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.

Lamentablemente, en el mundo actual el cumplimiento de este concepto no se da, como lo demuestra la información siguiente: “Según informa la FAO, en el año 2000 la Declaración del Milenio promovió el objetivo para “reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre”.

Para cumplir tal objetivo en 2011-2012, la FAO revisó meticulosamente su metodología para el cálculo de la prevalencia de la subalimentación, con el objetivo de establecer el modelo más adecuado para describir la ingestión de energía alimentaria habitual de la población y mejorar el cálculo de sus parámetros. En concreto, se ha adoptado una distribución asimétrica normal.

Las cifras para el 2014-2015 muestran que el hambre en el mundo afectaba a 794,6 millones de personas, de las cuales las regiones desarrolladas mostraban una cifra de 14,7 millones, podría decirse insignificante sobre el total, mientras que las regiones “en desarrollo” (pobres) eran de 779,9 millones, con un 232,5 millones, América Latina y el Caribe 34,3 millones. Claramente las diferencias son notorias.

La FAO apunta que: “El ritmo diferente de los progresos en las distintas regiones ha provocado cambios en la distribución regional del hambre desde principios de la década de 1990. Asia meridional y el África subsahariana representan ahora una parte notablemente mayor de la subalimentación mundial. También han aumentado las partes correspondientes a Asia occidental y Oceanía, aunque con unos márgenes mucho más pequeños y partiendo de niveles relativamente bajos. Paralelamente, el ritmo de progreso superior a la media de Asia oriental y América Latina y el Caribe implica que estas regiones representan ahora partes mucho más pequeñas de la subalimentación mundial”.

Con este trasfondo global, ¿cómo andamos en Bolivia en materia de Seguridad Alimentaria? Bolivia en su Constitución Política del Estado del año 2009 reconoce los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la alimentación (Art. 16), al señalar que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

¿En los hechos se cumple esta noble fórmula?

Un estudio del CEDLA “Soberanía y Seguridad Alimentaria - Política y estado de la situación”, elaborado por Enrique Ormachea, noviembre 2009, demuestra claramente que el postulado de la Seguridad Alimentaria que se plantea en la CPE y numerosos otros decretos y leyes aprobados por el actual gobierno, simplemente no pasan de ser pronunciamientos de buena voluntad que no se cumplen en la realidad.

La demostración clara de que tales postulados no se cumplen son los 2,9 millones de personas que al 2015 estaban en el recuento de las personas que sufren hambre en el país.

Resulta sencillo observar las decenas y centenas de campesinas pobres que extienden la mano a lo largo del día en las principales vías de circulación de nuestra ciudad para poder recibir unas monedas que les permitan aliviar el hambre.

A todo lo anterior hay que añadir los severos problemas ambientales que vive el país entre el 2016 y 2017, como lo demuestra la reducida producción de castaña en el norte del Beni y Pando, que ha dejado sin ingreso a 36.000 familias, o las menores precipitaciones pluviales en la parte amazónica de Bolivia y Brasil que amenazan acabar con los bosques y consecuentemente con la vida en esta amplia extensión de nuestro continente.

Reflexionemos y adoptemos políticas urgentes que tiendan a reducir el hambre y la miseria en el futuro inmediato de nuestro país.