Cocaleros del Chaparé buscan reunión con sus pares de Yungas

Los productores de coca del Chapare buscarán reunirse con los cocaleros de Los Yungas de La Paz, para hablar sobre el documento del recurso de inconstitucional que pretende presentar la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó ayer el dirigente de los productores de coca del Chapare, Leonardo Loza.

El dirigente rechazó la intención de los productores de coca paceños. “No puedo creer cómo algunos dirigentes de los Yungas puedan pensar igual que la derecha. Para nosotros, representar esta acción de inconstitucionalidad, es una manera de cómo dar gusto a la derecha”, afirmó.

DISPUESTOS AL DIÁLOGO

Loza aseguró que los cocaleros de las seis federaciones del trópico de Cochabamba están dispuestos a dialogar, en el momento que sus compañeros de producción de Yungas lo determinen.

En marzo pasado, el presidente Evo Morales promulgó la Ley Nº 906 de la Coca, que legaliza 22 mil hectáreas de cultivos, hasta antes de la norma ascendían a 12.000, por efecto de la Ley 108. Sin embargo, esta norma no habla del pago de impuestos a los productores de coca, por lo que no pagan al Estado ningún tipo de tributo.

Al respecto, Loza señaló que su sector está dispuesto a pagar impuestos, previo un análisis y que, al momento, existen sugerencias de pagar desde 5 hasta 50 bolivianos por hectárea.

“La familia cocalera, de la zona del Trópico de Cochabamba, está dispuesta (a pagar impuestos) El porcentaje deberá ser fruto del diálogo (…) Hay sugerencias desde 5 hasta 50 bolivianos, anual, trimestral, comercialización, son diferentes propuestas”, añadió.

El lunes, el secretario de Actas de Adepcoca de La Paz, Sergio Pampa, informó a EL DIARIO que como institución presentarán, en los próximos días, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de la Coca ante el TCP.

Justificó que la actual Ley General de la Coca legaliza 22.000 hectáreas de cultivos en Cochabamba y La Paz, además, pidieron al Gobierno detener la elaboración de la reglamentación de la norma.