Violenta represión sufre el pueblo venezolano

Mediante un nuevo acto dictatorial el Gobierno de Nicolás Maduro dispuso que la llamada Milicia Bolivariana -fundada por Hugo Chávez- se eleve a 1 millón de efectivos civiles armados con fusiles para la “defensa de la soberanía y de la revolución”, entrenados militarmente. En el fondo se trataba de amedrentar la movilización denominada “madre de las marchas” efectuada el miércoles 19 de los corrientes para exigir elecciones generales libres como solución a la crisis política y social que padece la República Bolivariana de Venezuela desde antes de la muerte de Chávez.

El régimen de Maduro anunció una marcha paralela para el mismo día, secundada por el inmenso aparato policial represivo chavista, incluidas centenas de carros de asalto. Las protestas opositoras como estaba anunciado abarcaron todo el territorio, con el lamentable saldo de 3 estudiantes asesinados, según fuentes oficiales y 6 muertos según la oposición, a manos de las fuerzas opresoras. Además se registró más de 50 manifestantes heridos y 400 detenidos, cifra que eleva a cientos o por lo menos a un mil los presos políticos.

Mientras oficialmente Caracas atribuye carácter democrático al régimen como vencedor en la elección de hace 3 años, sus actos lo tipifican explícitamente como tiranía, más que simplemente como dictadura. Un gobierno que se considere democrático no puede organizar una fuerza irregular con el fin de mantenerse en el poder a sangre y fuego, reprimiendo con la violencia a un pueblo que con admirable y heroica valentía no se cansa de pedir elecciones generales libres y clama por alimentos casi desaparecidos del mercado.

Organizaciones protectoras de los derechos humanos a nivel universal sostienen que la “Milicia Bolivariana” se integra por “pandillas de delincuentes” que gozan de impunidad en sus abusos y depredaciones. La descripción no parece equivocada porque Venezuela acusa los índices más altos de criminalidad a nivel latinoamericano, con marcada mayoría de asesinatos. Una sociedad no puede estar sometida a la inseguridad de grupos armados y vivir bajo el desenfreno imprevisible de éstos. En Bolivia, entre los años cincuenta y sesenta del Siglo XX, se vivió la zozobra de abusos semejantes a cargo de las “milicias armadas”, con absoluto desprecio por los derechos humanos, que incluyeron campos de concentración. Al presente existen embriones parecidos como el de los “Ponchos Rojos” y otros que vienen dando más que anticipos de intolerancia política.

Entretanto el Gobierno de Maduro no ha vacilado en llamar “grosera injerencia” al pedido de 11 países del continente que le exhortan a garantizar las pacíficas marchas de la ciudadanía. Es tiempo para que la OEA aplique la Carta Democrática Interamericana al régimen chavista imperante y lo separe de su seno hasta que restituya el libre juego democrático y reponga la vigencia de la Constitución.