Hace algunos años, cuando nos conmovimos ante el anuncio gubernamental de que habría elecciones judiciales y que Bolivia sería el “primer país del mundo” en hacerlo, escribimos en la prensa nacional que semejante despropósito nos haría no sólo los “primeros” en suicidarnos, sino los “únicos”. Y así fue en efecto, porque las elecciones judiciales resultaron un fiasco del que hoy se quejan las propias autoridades de gobierno, empezando por S.E., aunque la soberbia (y el interés político) no los reflexiona y ahora estamos empeñados en un nuevo intento de elegir magistrados, donde, dizque, todo será más limpio y la ciudadanía no tendría de qué preocuparse. Ni las expresiones del Vicepresidente en sentido de que la justicia boliviana actual está “podrida” han sido suficiente argumento para no repetir el error.
Los bolivianos ya rechazamos en las urnas a los candidatos que habían sido seleccionados por la Asamblea Nacional el año 2011. No obstante de nada sirvió el instinto popular sobre los malos postulantes, porque el Gobierno recurrió a sus marrullerías de siempre y manifestó que los votos nulos y en blanco, que eran mayoría, no tenían el mismo valor que los votos válidos. Es decir que convalidaron la elección de sus candidatos, que, con su ignorancia y sometimiento al poder, han conducido al sistema judicial al fango. Hoy los oficialistas afirman que se recurrirá a las universidades y otras instancias intachables para la nominación de los candidatos en base a la “meritocracia”, en actos, según afirma el diputado Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural, que serán “inminentemente públicos” (sic). No obstante de que todo sea público, el diputado Borda no ha podido contestar de forma convincente a la diputada opositora Eliane Capobianco, la noche del jueves último, que sobre ese tema lo ha dejado malparado y a la teleaudiencia muy preocupada.
Hay que convencerse que el Gobierno necesita mantener un Órgano Judicial y un Tribunal Constitucional obediente, que le garantice protección en caso de una derrota electoral y para seguir manejando la economía y la política a su gusto. Eso lo necesita hoy mucho más que en el 2011. Los dos tercios que tiene en la Asamblea no van a ser desperdiciados sean cuales sean los requisitos previos en la preselección de candidatos. Además de que en eso de la preselección, no van a faltar, por ningún motivo, los aspirantes propuestos por los influyentes movimientos sociales, todos afines al MAS. Puede haber debates, simposios, amplia difusión sobre el conocimiento de los pretendientes a ser togados, pero habría que pecar de inigualable ingenuidad para pensar siquiera que la elección final de postulantes no pasará por la aprobación de los legisladores oficialistas. Eso significa, sin tapujos, que, tal como en el 2011, quienes vayan a votar el domingo 22 de octubre, van a elegir a magistrados previamente aprobados por el MAS.
Si las cosas no varían sustancialmente como exige la oposición, no habrá que extrañarse que casos emblemáticos como los de Leopoldo Fernández, del triple asesinato en el hotel Las Américas -inmerso en mentiras y triquiñuelas jurídicas-, o como la ridícula telenovela de la señora Zapata, además de centenares de otras instancias de conveniencia y encubrimiento gubernamental, se mantengan y se repitan cotidianamente para pesar de todos.
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