Vecinos protestan contra ley de fiscalización de construcciones

La Ley Municipal Autonómica 233/2017, de Fiscalización Técnica Territorial, hace que las multas sean efectivas y debidamente equiparadas respecto de las utilidades que generan los constructores que vulneran la normativa municipal

Vecinos de las zonas periféricas se movilizaron la mañana de ayer en rechazo a la Ley Municipal 233/2017, de Fiscalización Técnica Territorial, que dispone ordenar y evitar las construcciones fuera de norma. Protestaron en puertas del Palacio Consistorial, manifestando que se trata de un atentado en contra de su derecho a la vivienda.

Al menos, 70 juntas de vecinos, lideradas por Jesús Vera, expresaron que la norma aprobada por la comuna no se ajusta a la realidad social de las zonas populares, debido a que la mayoría de las construcciones de las laderas no cuentan con los documentos que exige la norma municipal, hecho que les expondría a las severas sanciones que establece la nueva disposición.

“Vamos a pedir que todas las juntas de vecinos se sumen a la medida. Se nos caen las casas y no se aprueban las planimetrías, no nos dan los certificados de catastro”, reclamó Vera.

MOVILIZACIÓN POLÍTICA

Por su parte, el secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial de Concejo Municipal, Isaac Fernández, aseguró que se trata de movilizaciones de interés político y que de ninguna manera responden a criterios técnicos.

“Son cerca de 700 personas las guiadas por Jesús Vera. Se trata de personas que no quieren entrar en norma ni actuar en Derecho. Están a favor de gente que lotea, que ocupa áreas verdes para este efecto. La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz consta de 700 juntas vecinales, este grupo que protesta está siendo utilizado por unos cuantos”, afirmó Fernández.

A decir del concejal, se trata de personas que expresaron a los vecinos de distintas zonas sus criterios personales, que nada tienen que ver con el sentido de la norma recientemente aprobada por la comuna. “Una Ley de fiscalización es una ley que pondrá orden en la ciudad y sancionará las arbitrariedades que actualmente cometen”, remarcó.

En relación con la supuesta aplicación de la normativa, con la notificación a dueños de casa, Fernández, aclaró que la Ley no es retroactiva, por otra parte la reglamentación de la Ley Municipal Autonómica 233/2017 está en proceso de elaboración y será concluido en el plazo de 180 días, por lo que no está siendo aplicada aún por la Municipalidad.

LOTEADORES

El Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo de la comuna paceña, Marcelo Arroyo, exhortó a la ciudadanía no dejarse confundir con estas convocatorias, por tratarse de un “movimiento de manipuladores políticos” que protege a loteadores y avasalladores, agravando la situación de riesgo en la que están muchas casas. En este sentido, la nueva norma permitirá contar con mecanismos de control, accediendo a la demanda ciudadana.

“En todas las audiencias ciudadanas que hemos tenido, más de 100 requerimientos piden fortalecer nuestros mecanismos de control contra los avasallamientos de loteadores y la construcción de edificaciones fuera de la norma técnico legal”, apuntó.

Con relación a las multas y sanciones, Arroyo explicó que este aspecto está normado y lo que hace esta normativa es que las multas sean efectivas y debidamente equiparadas respecto de las utilidades que generan a los constructores, porque de manera desproporcionada vulneran la normativa municipal.

En este sentido, el funcionario aclaró que la “autotutela municipal”, establecida en el artículo 40 (Cumplimiento de las sanciones), otorga a la Alcaldía la facultad de intervenir directamente en construcciones que se encuentran sobre propiedad municipal y zonas de alto riesgo.

ADMINISTRACIÓN

A diferencia de una nueva normativa con severas sanciones, Vera demanda mejorar la administración municipal y designar las responsabilidades de fiscalización a recursos humanos capacitados. “Puestos laborales que debieran estar a cargo de abogados están a cargo de personas que desconocen incluso el procedimiento de notificación, el vecino es el último en enterarse”, denunció.

En criterio del vecindario movilizado, la reglamentación de la Ley 233/2017 debe contar con la participación y concertación de las organizaciones vecinales.