Gobierno, empresarios y COB deben dialogar

Existe una especie de “tira y afloja” entre el gobierno, por una parte; los empresarios, por otra, con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana porque el gobierno dispone, por ejemplo, aumento salarial que el empresariado no siempre puede cumplir y, por otra parte, los dirigentes de la COB no aceptan por considerarlo insuficiente. Así los hechos, se crea condiciones para el conflicto y, como siempre, a la corta o a la larga las consecuencias las sufre el país.

El gobierno considera que “lo que dispone debe cumplirse”, por su parte, los dirigentes cobistas sostienen que ellos, en representación de los trabajadores, no pueden aceptar porcentajes que están muy alejados del costo de vida, que lo propuesto -empezando por el sueldo mínimo- es insuficiente para satisfacer, siquiera medianamente, las exigencias de diferentes sectores laborales. Conforme transcurre el tiempo, los desacuerdos se convierten en desavenencias que, luego, generan conflictos como huelgas, paros, marchas, manifestaciones y hasta actitudes represivas que agravan situaciones fácilmente solucionables mediante acuerdos que podrían lograr las partes.

Muchas veces se ha sostenido la necesidad de dialogar, pero que se desarrolle un diálogo donde ninguna de las partes busque imponer solo su punto de vista, desconociendo las razones que pudiesen tener tanto el gobierno como los empresarios o, en su caso, los trabajadores. No corresponde la satisfacción de caprichos cuando se ingresa en etapas de diálogo que tienen que ser en condiciones de concordia y respeto. El gobierno, justamente por ejercer las funciones de autoridad, no puede imponer lo que cree que debe ser atenido a que en su sector -el de empleados públicos - determina con tal o cual porcentaje. El régimen sabe perfectamente que lo convenido luego del Decreto Supremo 21.060, el aumento salarial debe efectuarse conforme al presupuesto aprobado para el sector público, y el caso del sector privado debe estar sujeto a conversaciones entre empresarios y trabajadores “conforme a la situación de cada empresa y que el porcentaje fijado para el sector público puede ser solamente referencial para el sector privado”. Esta parte, dispuesta por el mencionado decreto 21.060 en actual vigencia, no se cumple y se pretende, por parte del gobierno y de los trabajadores, imponer lo que se fijó para los empleados públicos con inclusión de gobernaciones, alcaldías y otros sectores de la administración estatal.

El gobierno y los empresarios están obligados a dialogar con los dirigentes de la COB; pero viendo realidades, cuidando que las conversaciones o tratativas no lleguen a extremos; que cada reunión entre ellos debe ser constructiva, no solamente para el caso salarial, sino para ver cómo se puede mejorar y aumentar la producción, qué rubros de la economía, por parte del gobierno y del sector privado, se puede encarar y, así, buscar los mejores medios no solamente para solucionar las cuestiones sociales en litigio sino para ver cómo se puede crecer en la diversificación de la economía que cree riqueza y empleo.