Gobierno no se hace responsable de posible aumento de desempleo

En el último punto del documento que firmaron el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) de incremento salarial, el Estado deslinda su responsabilidad si se presentan efectos negativos sobre el empleo por la decisión asumida.

El jueves, el presidente Evo Morales anunció para esta gestión el incremento al salario mínimo nacional en 10.8 por ciento, que equivale a Bs 2.000 y un 7 por ciento de ajuste en el haber básico.

La mañana de ayer, el Mandatario, en contacto con los medios, recalcó que si existe desempleo, los dirigentes de los trabajadores que aceptaron el nivel de aumento en sus salarios deben hacerse también responsables.

“Es nuestra preocupación, verdad, es posible que el incremento afecte a las micro y pequeñas empresas; yo he sido muy responsable con los compañeros trabajadores, les dije que si en las pequeñas empresas hay desempleo y despidos, ustedes también deben aceptar su responsabilidad”, puntualizó Morales.

ACUERDO

En el documento se establecen cinco puntos, entre los que se plantea realizar ajustes al programa de vivienda social, a objeto de que los trabajadores que tienen menores ingresos salariales puedan acceder a una vivienda.

Otro de los puntos instituye la elaboración de normas específicas que atiendan otras demandas, tales como el proyecto de ley de reincorporación de trabajadores despedidos pos causas injustificadas y la ley de empresas sociales comunitarias, que estarán cargo de los propios trabajadores.

PUNTOS POLÉMICOS

El acuerdo instruye también ajustar la Ley de Pensiones, la cual debe tener sostenibilidad, fortalecer el fondo solidario y concluir la reglamentación pendiente.

El ente matriz de los trabajadores propuso, asimismo, que los recursos del Fondo de Pensiones deben ser destinados a otros sectores productivos, además de la puesta en vigencia de la gestora estatal de pensiones.

En el último punto del convenio suscrito, señala que el incremento al salario mínimo es del 10, 8 por ciento y 7 por ciento al haber básico; sin embargo el Gobierno no se hace responsable por los despidos o el desempleo que genere esta disposición.

Ante esto, el diputado de Unidad Demócrata Wilson Santamaría señaló que esta decisión fue apresurada, porque no se tomó en cuenta la participación del sector privado. Dijo, además, que fue una irresponsabilidad del Gobierno indicar que no se hará cargo de los efectos negativos que se produzcan.

“Lamentamos que se hagan políticas con plata ajena, el punto cinco del acuerdo es vergonzoso, decir que la responsabilidad no es del Gobierno y que será culpa de la Central Obrera Boliviana, como si este sector supiese que casi 2 millones de trabajadores dependen de las empresas, es una acción irresponsable del Presidente”, remarcó.

La diputada del Movimiento Al Socialismo, Nélida Sifuentes, reprochó las declaraciones que hicieron los opositores con relación al alza salarial y su afectación a la pequeña y micro empresa, porque estos son empresarios. “La mayoría de los senadores y diputados tienen empresas y es por eso que se oponen a este incremento, va afectar a sus bolsillos, sus ganancias, por eso es que se oponen al aumento salarial”, aseguró.

EMPRESARIOS

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado con relación a esta disposición, indicando que el incremento salarial traerá varios efectos negativos a este sector, sobre todo a las medianas y pequeñas empresas, tomando en cuenta que generará una mayor informalidad e inestabilidad en las fuentes laborales.

A la vez, expuso que el aumento tendrá un costo elevado para este sector, el cual alcanzará a los $us 319 millones, sin contar con los gastos de otros beneficios que se otorgan a los trabajadores.

El Mandatario criticó la postura que tuvo el empresariado, quienes indicaron que esta disposición traerá grandes consecuencias en este sector, ya que siempre se opusieron a la elevación en los salarios y al doble aguinaldo.

ESTADO DE EMERGENCIA

El representante de la Confederación de Micro y Pequeñas Empresas del país (Conamype), Néstor Conde, indicó que su sector se declaró en estado de emergencia, ya que esta disposición tendrá graves consecuencias en el sector, porque no están en la capacidad de cumplir con el incremento salarial dispuesto.

Aseguró que alrededor del 10 por ciento, de las 180 mil empresas que están legalmente constituidas y que cumplen con las formalidades de ley, serán las más afectadas.

“Estamos en estado de emergencia, estamos convocando a una asamblea nacional para determinar qué medidas asumiremos, porque este incremento afectará a nuestro sector. No se nos ha consultado, se pidió al Gobierno que seamos parte de la mesa de negociación y no se nos hizo caso, nosotros habíamos pedido que el reajuste salarial no sobrepase el 4 por ciento”, manifestó el dirigente.