El Estado se rinde

Es probable que el gobierno tenga una idea clara de lo que está haciendo, porque lo hace de frente, sin titubear, como si estuviera cumpliendo un plan traído desde las sendas de los cocales ilegales del Chapare, o de algún texto de quienes propician la desaparición del Estado.

En el calendario de los avances hacia esa meta, el 27 de abril de 2017 deberá figurar con letras de relieve para las celebraciones del futuro, porque señalará dos pasos francos hacia el objetivo de prescindir del Estado.

Este jueves histórico fue ocasión para que el gobierno boliviano revele que ha decidido hacer que el Estado deje de interferir en los arreglos entre partes respecto del tema salarial, y de los despidos de trabajadores.

El artículo 5 del acuerdo entre gobierno y COB sobre el incremento salarial dice que el gobierno deja “salvada su responsabilidad en el caso de que los aumentos provoquen el despido de trabajadores”. Es decir, que el Ministerio de Trabajo no hará nada, no moverá un dedo, ni una ceja, para defender a los que fueren despedidos. Todas las leyes laborales quedan en desuso.

No es un comportamiento como el de Pilatos. No se lava las manos. Se retira. El Estado hace mutis por el foro, como se decía en el teatro. Se esfuma.

Por esas mismas horas, el gobierno estaba entregando un proyecto de ley para transferir a las alcaldías el control del comercio de la ropa usada que llega del exterior.

En los argumentos de ese proyecto está la admisión de que esto, de veras, se trata de una retirada del Estado, un abandono de labores, una admisión de prescindencia hecha de frente, sin hipocresías.

Dice el texto que esta iniciativa se origina en el hecho de que no existe “una autoridad competente que controle esta actividad en territorio nacional, hecho que atenta contra la salud de los bolivianos, al aparato productivo y a la misma economía del país”. Porque, aclara el texto, ni la Aduana Nacional ni el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) son capaces de controlar las fronteras, por una parte, y cobrar impuestos, por otra, en este territorio.

Decir que no existe una autoridad competente es un gesto de honestidad que no debe ser tildado de irresponsable, sino de un paso franco hacia el fin propuesto.

La segunda parte del plan ha de ser, presumo, muy interesante.

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